El exnúmero tres del PSOE, ante el juez por su vinculación con una presunta trama de obra pública

Su citación se produce tras la publicación de un extenso informe de la Guardia Civil que le sitúa, junto al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, en el corazón de un entramado que habría operado durante casi una década.

Dimisión inmediata y pérdida de aforamiento

El conocido como ‘informe Cerdán’, difundido el 12 de junio, provocó una reacción fulminante. Ese mismo día, Cerdán anunció su salida de la ejecutiva del PSOE y comunicó su intención de renunciar también al acta de diputado, algo que formalizó el 16 de junio. Su baja en el Congreso eliminó la necesidad de solicitar un suplicatorio, lo que permitió al magistrado instructor del caso, Leopoldo Puente, citarle directamente como investigado.

Inicialmente, el magistrado le había ofrecido declarar de forma voluntaria el 25 de junio. Tras la renuncia al escaño, y a petición de la defensa, se aplazó la comparecencia a este lunes, con el fin de dar margen al abogado para revisar la causa.

Transparencia fallida y estrategia de defensa

La defensa de Cerdán solicitó que la declaración pudiera emitirse en directo, apelando al principio de transparencia. El juez lo rechazó categóricamente, alegando que esa opción colisiona con el carácter reservado de la fase de instrucción. Aun así, fuentes del entorno jurídico del exdirigente aseguran que está dispuesto a responder a todas las preguntas del Supremo, pese a los "consistentes indicios" que el magistrado considera acreditados sobre los delitos de cohecho y pertenencia a organización criminal.

Las sombras del pasado reciente: audios, pagos y contratos

El informe que conecta a Cerdán con la trama se sustenta en grabaciones realizadas por Koldo García entre 2019 y 2023, además de intercambios de mensajes de WhatsApp. La UCO reconstruye una red de relaciones que se habría originado en Navarra en 2015, bajo la influencia de Cerdán y Koldo, y que habría crecido a medida que ambos ganaban poder institucional, sobre todo tras la llegada de Ábalos al Ministerio de Transportes.

Según los investigadores, Cerdán habría desempeñado distintos papeles dentro del entramado: desde coordinador de pagos en la etapa ministerial hasta retomar el control tras la caída de sus socios. En uno de los audios intervenidos, se le atribuye la frase: “Voy a ir a por todo”.

Las adjudicaciones bajo sospecha implican a empresas como Acciona, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC). Solo las mordidas asociadas a Acciona sumarían 620.000 euros, de los que aún quedarían pendientes más de 450.000.

El contrato clave: Servinabar y los 75 millones

Uno de los ejes principales de la investigación se centra en un documento privado localizado en el registro del domicilio del empresario Joseba Antxón Alonso Egurrola. Ese contrato, fechado en 2016, refleja que Cerdán adquirió el 45% de la sociedad Servinabar por 6.000 euros. La empresa figura como receptora de más de 75 millones de euros en contratos públicos adjudicados por el Gobierno navarro, que ahora están bajo la lupa del Supremo.

La defensa del exdirigente socialista ha cuestionado la validez de dicho contrato, alegando que nunca fue elevado a escritura pública y, por tanto, no generaría efectos jurídicos. No obstante, el Consejo General del Notariado ha subrayado que los contratos privados sí tienen validez entre partes, aunque no frente a terceros, y que a menudo se utilizan para ocultar la titularidad real de activos.

Precedentes ante el juez: silencio, tensiones y maniobras legales

Cerdán no llega solo. Antes que él, Ábalos y Koldo García también pasaron por el Supremo. El primero, en su tercera comparecencia, negó cualquier implicación, rechazó reconocerse en los audios y sugirió que podrían haber sido manipulados. El segundo, en su segunda declaración, optó por guardar silencio. Ambos permanecen bajo medidas cautelares que incluyen la retirada de pasaporte, prohibición de salida del país y obligación de comparecer periódicamente.

El juez Puente ya advirtió que tras la declaración de Cerdán podría revisar la imposición de medidas similares. La Fiscalía, hasta ahora, ha considerado insuficiente el nivel de colaboración de los principales investigados. La única confesión parcial, la del empresario Víctor de Aldama ante la Audiencia Nacional, ha sido la excepción.

Una agenda judicial aún activa

Las comparecencias continúan esta semana con nuevos protagonistas. El viernes declararán los empresarios Antonio y Daniel Fernández Menéndez, vinculados a OPR, y José Ruz, relacionado con LIC. El 7 de julio será el turno de Alonso Egurrola y del ex directivo de Acciona Construcción, Fernando Merino.