Vox presenta un plan para reducir gasto público, priorizar vivienda española y controlar inmigración irregular

Vox ha hecho pública este domingo su propuesta para la economía y vivienda, con medidas orientadas a limitar el gasto público, reforzar la prioridad de los españoles en el acceso a la vivienda y endurecer el control sobre la inmigración irregular. El partido liderado por Santiago Abascal plantea, entre otras cosas, derogar tres leyes por cada norma que se apruebe, con el objetivo de hacer la Administración más eficiente y menos costosa.

Propuestas económicas y vivienda: el “hexágono de la prosperidad”

En un acto celebrado en el auditorio de Mutua Madrileña, José María Figaredo, secretario general del grupo parlamentario de Vox, junto con Carlos Hernández Quero, portavoz de Vivienda en el Congreso, defendieron las propuestas ante lo que califican de "devastadora" situación económica del país. Denunciaron “un campo yermo, dificultades para comprar una casa o formar una familia” como síntoma de la crisis.

El programa presentado renueva medidas ya conocidas y presenta el llamado "hexágono de la prosperidad", seis áreas prioritarias para impulsar la economía española: reducción normativa y mejora de la Administración con incorporación de inteligencia artificial; rebaja masiva de impuestos; reducción radical del gasto público; reindustrialización profunda junto a una reforma energética y defensa del sector agrícola; control estricto de las fronteras; y políticas específicas de vivienda.

Vivienda: prioridad para los españoles y lucha contra la okupación

Vox dedica especial atención a la vivienda, considerada un pilar clave del bienestar y expansión de la clase media. El texto denuncia precariedad laboral, falta de cohesión territorial, desplome industrial, alta fiscalidad e imposibilidad de ahorro como causas que dificultan el acceso a la vivienda.

Entre las propuestas, destacan la ampliación del suelo disponible, simplificación administrativa, reducción de impuestos relacionados con la construcción y derogación de medidas intervencionistas en el alquiler. Asimismo, Vox apuesta por combatir con dureza la okupación y la “inquiocupación”, además de fomentar la construcción masiva de vivienda protegida mediante colaboraciones público-privadas que incluyan cesiones de suelo, subvenciones y créditos blandos.

Se subraya que “ante una vivienda, el español siempre primero”, proponiendo que el arraigo y la antigüedad familiar en España sean criterios decisivos para asignar vivienda social y protegida. Para el alquiler, plantean prohibirlo a inmigrantes ilegales y perseguir el empadronamiento fraudulento. En la compra, piden una fiscalidad diferenciada para compradores no comunitarios con el fin de frenar la adquisición masiva por capital extranjero. Los fondos recaudados se destinarán a bonificaciones fiscales y a la construcción de vivienda protegida.

En materia fiscal, Vox propone eliminar el IVA en la compra de primera vivienda, recuperar deducciones por inversión en vivienda habitual y reducir al mínimo el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

Administración pública: eficiencia y simplificación

En cuanto a la gestión administrativa, Vox plantea una reducción normativa drástica: por cada ley que se apruebe, se derogarán tres. Se busca eliminar duplicidades, reducir burocracia y aprovechar la inteligencia artificial para agilizar trámites.

Proponen además crear una única base de datos nacional para que los ciudadanos no tengan que aportar información ya en poder de la Administración. El silencio administrativo positivo y la declaración responsable deberían ser norma en todas las relaciones entre el Estado y la ciudadanía.

Impuestos: rebajas significativas para estimular la economía

El partido apuesta por una reducción “drástica y masiva” de impuestos. Se plantea revertir la subida del IVA de 2012, devolviendo el tipo reducido al 8% y el general al 18%, con un coste estimado de 14.000 millones de euros. También reducirían el impuesto de sociedades del 25% actual al 15%, un ahorro de aproximadamente 10.000 millones. Para autónomos con ingresos inferiores al Salario Mínimo, eliminarían la cuota.

Control del gasto público y reforma del sistema de pensiones

En materia presupuestaria, Vox propone empezar los Presupuestos Generales del Estado desde cero, priorizando la reducción del gasto, el déficit y la correlación estricta entre ingresos y gastos.

Proponen eliminar subvenciones a partidos políticos, sindicatos y organizaciones patronales, reducir drásticamente el número de altos cargos y eliminar la financiación pública de organismos ideológicos y observatorios.

Respecto a las pensiones, plantean iniciar un fondo público de capitalización con criterios de rentabilidad privada, en línea con el modelo sueco, y eximir del pago de impuestos al ahorro personal orientado a la jubilación, condicionado a su cobro tras el retiro.

Reindustrialización, energía y sector agrícola

Vox reclama una reindustrialización “radical” junto a una revolución en la política energética y la defensa del sector agrícola como pilar estratégico. Plantean retirar a España de los acuerdos de París y del Pacto Verde europeo y desvincularse de las decisiones de la COP sobre cambio climático.

Entre las propuestas energéticas destacan un plan nuclear nacional y un plan estratégico para la explotación de recursos naturales como combustibles fósiles, uranio y tierras raras.

Inmigración: deportaciones y revisión de nacionalidades

Para combatir la inmigración irregular, Vox plantea deportaciones masivas de inmigrantes ilegales, así como de inmigrantes legales que cometan delitos graves o no se integren. Proponen revertir todas las regularizaciones de inmigrantes irregulares y auditar todas las concesiones de nacionalidad de los últimos años.

Piden también suprimir ayudas y acceso a servicios públicos a inmigrantes ilegales, salvo por razones humanitarias hasta su devolución. Para inmigrantes legales, condicionan la prestación de servicios públicos a sus años de cotización.

Esta propuesta de Vox plantea una visión económica y social muy marcada por la reducción del gasto, la priorización de los españoles y el control migratorio, que sin duda generará debate en el contexto político y económico nacional.