Canarias expresa una "preocupación extrema" ante la actuación del Gobierno con los menores migrantes no acompañados

La directora general de Protección a la Infancia y a las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, ha admitido este martes una "preocupación extrema" ante la actuación que se plantea desde el Ejecutivo central a la resolución de los menores migrantes no acompañados.

En declaraciones difundidas por su departamento tras la reunión del comité interadministrativo, Rodríguez ha lamentado que el Estado opte por la vía de la resolución de las solicitudes de protección internacional de los menores que tienen ese derecho y que el Tribunal Supremo (TS) les ha encomendado que "tienen que acceder a la red SAPI (Sistema de acogida de protección internacional y temporal)", teniéndolos que asumirlos el Estado en sus centros.

En este sentido, matizó que se observa cómo desde el Ministerio de Interior se "ha acelerado sobremanera, multiplicando incluso por cinco, las resoluciones que ha ido emitiendo a lo largo de estas dos últimas semanas" en comparación con los últimos años.

Esto, dijo, supone que menores que tenían esa solicitud presentada y que les daba el derecho, según el TS, a acceder a una plaza de protección internacional, "hayan quedado fuera porque ha salido desfavorable esa solicitud".

Por otro lado, Rodríguez también se refirió al Ministerio de Inclusión porque, dijo, lleva a que Canarias "no pueda avanzar más allá de seguir colaborando en todo aquello" que se le pueda solicitar, ya que aseguró que se les ha llegado incluso a plantear que el archipiélago reciba recursos económicos, humanos, así como buscar alternativas de alojamiento en las islas para los menores con protección internacional y que "no salgan a la península", cuestión que han "rechazado de pleno".

Esto, subrayó Rodríguez, "va en contra no solo de las premisas, sino de algo mucho más importante, del auto del Supremo" que obliga, sobre todo al Estado, "a eliminar el hacinamiento" en los centros de menores de Canarias y "bajar la presión en Canarias".

Por otro parte, expuso que ante el anuncio de que el día 22 de julio va a ser aprobada la declaración de emergencia, y avanzaban que iban a poder contar con 1.200 plazas de protección internacional para los menores que están en las islas, Canarias ha exigido que se les dijera cuándo y dónde tendría esas plazas.

En el encuentro también se ha hablado de las 400 plazas de Pozuelo, cuestionando que si están en disposición de ser utilizadas se les diga cuándo van a ser trasladados los menores que ya comunicaron que están en disposición de acceder y de avanzar en su proyecto migratorio a través de la protección internacional, en este caso hacia Madrid.

Ante todas estas informaciones, Rodríguez consideró que no se ha avanzado "más allá de esperar a que el Estado" remita un nuevo oficio esta semana, requiriendo información complementaria de los primeros 250 menores que desde el Ejecutivo canario se comunicó que están ya dentro de la red SAPI, "a la espera de que puedan ser evaluados" e iniciar ese itinerario en el acceso a las plazas de protección internacional.

"Decepcionante es poco el calificativo que le puedo dar a esta reunión, puesto que no vemos un avance claro, sobre todo teniendo en cuenta que en breve van a pasar cuatro meses después del primer auto del Supremo, que ya exigía al Estado que en diez días pudieran acceder los menores a la red de protección internacional, al sistema de protección internacional", apostilló.

Y añadió que administrativamente 827 accedieron el 27 de junio y 119 el 4 de julio, es decir, que actualmente hay 946 menores que están desde el punto de vista administrativo en la red de protección internacional pero "ninguno" ha accedido a plazas de protección internacional.

Además expuso que al preguntar al Estado si considera que a los menores que están en los centros de acogida de menores, de protección de menores de Canarias, se le está dando esa protección internacional, lamentó que se obtuvo "la callada por respuesta", pero apuntó que la respuesta se la da Canarias y "no tienen protección internacional" hasta que no salgan a una plaza de protección internacional del sistema.