Covite denuncia un nuevo tercer grado "fraudulento" concedido al preso de ETA Francisco Javier Gallaga Ruiz

Reprueba la "inacción total" de las instituciones públicas para garantizar el derecho de las víctimas del terrorismo a la justicia

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha denunciado la concesión de un tercer grado "fraudulento" al preso de ETA Francisco Javier Gallaga Ruiz, condenado por el asesinato del peluquero militar Domingo Puente Marín el 10 de febrero de 1997 y por el asesinato de Miguel Ángel Ayllon Díaz González el 20 de mayo de 1996, así como por herir a cerca de 20 personas en esos atentados.

Covite, en un comunicado, ha calificado su progresión al tercer grado como "fraudulenta" porque Gallaga "sigue totalmente vinculado a la izquierda abertzale, lo que evidencia su falta de arrepentimiento, requisito legal imprescindible para acceder a este régimen penitenciario".

A su entender, prueba de ello es que fue exhibido públicamente el pasado 5 de julio en Plentzia (Bizkaia) durante la 'Itsas Martxa', un festival veraniego en el que "se exalta por igual, tanto a presos de ETA ligados a Sortu como a los disidentes, razón por la que es considerado uno de los actos más radicales y contrarios al arrepentimiento del entorno proetarra".

La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha criticado que se conceda el tercer grado a un miembro de ETA "que fue exhibido por todo lo alto como un héroe y un 'preso político' hace menos de un mes".

"Es obsceno que se nos intente imponer un falso arrepentimiento de quienes están totalmente integrados en las estructuras de control de la izquierda abertzale, que les prohíbe expresamente el arrepentimiento desde hace muchos años y se encarga de recordarlo en público con frecuencia", ha denunciado.

En este sentido, Ordóñez ha censurado, una vez más, que el Gobierno Vasco sustente el cumplimiento del requisito del arrepentimiento en "cartas manuscritas que nunca se hacen públicas, mientras los etarras siguen dejándose instrumentalizar por la izquierda abertzale e imponiendo a las víctimas su exhibición pública constante".

"Esas cartas son una burla a este requisito legal. Es un insulto a las víctimas que se nos pidan actos de fe en esas cartas. No se puede estar con la izquierda abertzale y estar arrepentidos", ha lamentado.

En esa línea, Consuelo Ordóñez ha considerado "vergonzoso" que, tanto el Gobierno Vasco como la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que es la única competente para recurrir los terceros grados y quien "debe así velar por nuestro derecho a la justicia en la fase de ejecución de las condenas", den validez a esas cartas "cuyas palabras siempre son desmentidas por los hechos".

"VACIAR LAS CÁRCELES"
La presidenta de Covite ha insistido, asimismo, en que "se está cumpliendo a rajatabla la última exigencia de ETA para dejar de matar que queda por cumplir en este final negociado que vivimos: vaciar las cárceles de sus presos sin exigirles arrepentimiento y con trampas al Estado de Derecho".

A su juicio, la gestión de la competencia de Prisiones del Gobierno Vasco en lo que se refiere a los presos de ETA está resultando ser una "amnistía encubierta, tal y como ha pedido históricamente la izquierda abertzale".

"Del mismo modo que Covite nunca ha criticado los acercamientos de presos de ETA a cárceles del País Vasco --porque no vulneran ningún derecho, ni de las víctimas ni de los propios presos, ya que la elección del centro penitenciario corresponde al Gobierno--, sí denunciamos con firmeza la concesión de terceros grados, especialmente cuando son fraudulentos, porque suponen un ataque directo al derecho de las víctimas a la justicia", ha afirmado.

En esa línea, se ha preguntado "¿de qué sirve una sentencia condenatoria si luego no se cumple?". "Por eso, seguiremos denunciando todos los terceros grados que vulneren la ley", ha añadido.

Al mismo tiempo, "cuando comprobamos que un preso de ETA no es exhibido por la izquierda abertzale y no aparece en las listas de Etxerat, también lo reconocemos públicamente en nuestros comunicados", ha asegurado Consuelo Ordóñez.

"INACCIÓN TOTAL"
Por último, desde Covite han reprobado la "inacción total" de las instituciones públicas para garantizar el derecho de las víctimas del terrorismo a la justicia, y han denunciado que "nuestros representantes públicos, que son quienes deberían velar por nuestro derecho a la justicia y por cumplir la ley, no solo no lo están haciendo, sino que están vulnerando el principio fundamental que inspira nuestro sistema penal respecto al cumplimiento de las condenas, que es conseguir la reinserción de los penados".

"Solo mediante el arrepentimiento sincero por sus crímenes y la deslegitimación pública del terrorismo podremos creer en su reinserción. Lo hemos comprobado en el pasado, la última vez con la Vía Nanclares", han reiterado.

Covite ha añadido que "está en juego asentar los cimientos para garantizar que nunca más volveremos a vivir el horror del terrorismo de ETA, lo cual no se está haciendo" y ha lamentado que este "fraude" se acometa "con el beneplácito de todas las instituciones públicas, desde el Gobierno Vasco hasta la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria".