El delegado del Gobierno insta a Alcalá de Henares y a la Comunidad de Madrid a "apagar los discursos de odio"

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha hecho un llamamiento a la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, y al consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, a que sus instituciones colaboren para "apagar los discursos de odio" que vinculan la inseguridad a la inmigración.

Martín ha incidido en la importancia de "no errar el tiro" sobre dónde residen los problemas de seguridad de la ciudad, y ha recordado que desde que el Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED) de Alcalá de Henares abrió sus puertas en noviembre de 2023, se han cometido unos 16 delitos por parte de los residentes, incluida la agresión a una joven presuntamente por parte de un migrante que habita en el centro.

Así, el delegado ha especificado que el resto de delitos cometidos por residentes del CAED son de menor gravedad, y entre ellos se incluyen casos de resistencia a la autoridad, robos con violencia, allanamientos, estafas y hurtos; y ha precisado que en todos los casos se ha activado un expediente de expulsión.

"Si distraemos la vista hacia ese único punto, estamos haciendo un flaco favor a los alcalaínos", ha señalado el delegado tras una reunión de la Junta Local de Seguridad de Alcalá de Henares "de la que Cervantes podría haber escrito un sainete". En su llamamiento a la calma, Martín ha apelado a Piquet y Novillo a "abandonar la caja de cerillas de su jefa", en alusión a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y "ayudar a sostener la manguera".

Además, el delegado ha aseverado que "Madrid no se merece estar gobernada por los ultras", y ha exigido también una condena no solo por los altercados en Alcalá de Henares, sino también por lo ocurrido en los últimos días en la localidad murciana de Puerto Pacheco; y también una defensa de las autoridades locales y autonómicos del trabajo de la Policía Nacional.

Para Martín, la alcaldesa de Alcalá ha permitido que se ponga en duda la honorabilidad y el trabajo de la Policía Nacional por las soflamas proclamadas por los manifestantes mientras los agentes procedían a su desalojo de las inmediaciones del CAED, lugar donde había sido convocada inicialmente la polémica concentración pero que fue trasladada a otro lugar.