Sumar presenta alegaciones a la Ley de Secretos Oficiales para pedir tiempos desclasificación de información más cortos

También demanda sanciones económicas más bajas en caso de revelación de documentos y anuncia que presentará enmiendas en el Congreso

Sumar, a través de la Vicepresidencia Segunda que dirige Yolanda Díaz, ha presentado alegaciones al anteproyecto de ley de información clasificada para reclamar periodos de desclasificación "muchos más cortos" y sanciones menos elevadas ante caso de publicación de información secreta.

De esta forma, avanza que el grupo parlamentario en el Congreso presentará enmiendas al texto impulsado por los socialistas cuando se inicie la tramitación parlamentaria.

Fuentes del socio minoritario expresan así en el seno del Gobierno su desacuerdo con determinados puntos de la reforma de la denominada Ley de Secretos Oficiales, que se ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros.

Concretamente Sumar ha presentado observaciones dirigidas fundamentalmente a pedir tiempos de desclasificación más cortos a las que establece la propuesta del Ministerio de Presidencia, en línea con los países del entorno comunitario.

Según ha explicado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se plantea un límite de los 45 años para desclasificar información tipificada como alto secreto, con la posibilidad de una prórroga de 15 años más.

En el caso de la documentación de secreto, el límite para hacerla pública será de 35 años con prórroga de 10 años más. Para la documentación clasificada como confidencial tendrá que estar desclasificada en un plazo entre 7 y 9 años, sin posibilidad de prórroga, y para la información restringida será un plazo entre 4 y 5 años, sin posibilidad de prórroga.

OTRAS PETICIONES
Por su parte, Sumar ha alegado que no se clasifique como reservada la información que pueda resultar relevante para la incoación de procesos judiciales en los que se persigan conductas que "atenten contra la dignidad del ser humano".

Aparte y en lo relativo al régimen sancionador que incluye el anteproyecto, Sumar reclamaba que las sanciones que pudieran aplicarse fueran "menos elevadas". Con el texto aprobado, se fija hasta 2,5 millones de multa para los casos más graves.

Por último, Sumar defiende que los diputados pertenecientes a la comisión correspondiente del Congreso deben poder acceder a las diligencias y directivas, así como a las memorias justificativas de las propuestas de clasificación.