La Audiencia Nacional juzgará el 2026 el presunto fraude de la consultora Efial en ayuntamientos catalanes

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha fijado para septiembre y octubre de 2026 el inicio del juicio oral contra los principales acusados en la denominada pieza catalana del ‘caso Efial’. La causa se centra en un entramado de contratos públicos adjudicados de forma presuntamente irregular por parte de varios ayuntamientos catalanes a una consultora privada.

Según una providencia judicial a la que ha tenido acceso Europa Press, el juicio se celebrará en once sesiones distribuidas en dos bloques. Las primeras vistas tendrán lugar los días 14, 15, 16 y 17 de septiembre. El proceso se retomará el 28, 29 y 30 de ese mismo mes y continuará el 1, 13, 14 y 15 de octubre de 2026.

Los acusados: exalcaldes y consultores

En el banquillo se sentarán cerca de una veintena de acusados, entre ellos altos cargos municipales y el fundador de la consultora Efial, Antonio Martos. Están imputados por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

Entre los procesados destacan exalcaldes de varias localidades tarraconenses, como Andreu Martí (L’Ametlla de Mar), Daniel Masagué (Torredembarra), Josep Jaume Castellnou (Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant) y Rafael Vidal (Ascó). También hay técnicos y responsables de gestión vinculados a las contrataciones investigadas.

Municipios afectados y magnitud del fraude

El presunto fraude se habría articulado mediante una red de adjudicaciones irregulares a través de estructuras administrativas opacas. La suma total defraudada, según el auto judicial, supera los 8 millones de euros. La mayoría de los contratos se firmaron en municipios de la provincia de Tarragona, aunque también hay localidades afectadas en Barcelona y Lleida.

Las cifras más elevadas corresponden a L’Ametlla de Mar (4,58 millones), Ascó (2,02 millones) y Tortosa (1,05 millones). También aparecen Torredembarra (504.000 euros), Vandellòs (199.800 euros) y Cambrils (13.700 euros). Fuera de Tarragona, se investiga el caso del Ayuntamiento de Barcelona (84.960 euros), Llinars del Vallès (113.860 euros), Masquefa (75.000 euros) y La Seu d’Urgell (76.120 euros).

El rol de Efial: un “ayuntamiento paralelo”

La consultora Efial, según el juez instructor, desempeñaba un papel estructural en las decisiones políticas y administrativas de los ayuntamientos. En muchos casos, sus informes técnicos permitían sortear los dictámenes contrarios emitidos por los órganos de control interno —interventores y secretarios—. Estos documentos legitimaban supuestamente decisiones contrarias a derecho.

El auto subraya que Efial se integró en la dinámica diaria de varias administraciones locales, actuando de facto como un “ayuntamiento paralelo” que ejercía influencia directa sobre adjudicaciones, procedimientos de contratación y gestión de servicios públicos.

Estrategia jurídica: uso de entidades públicas empresariales

Una de las claves de la trama habría sido el uso instrumental de las Entidades Públicas Empresariales (EPE), una figura legal pensada para facilitar la gestión de servicios pero que, según el juez, fue manipulada con el objetivo de eludir el control administrativo y las exigencias de la contratación pública.

Estas EPE asumían competencias tradicionalmente reservadas a los ayuntamientos y las externalizaban posteriormente a empresas privadas, en muchos casos directamente a Efial. La estructura permitía operar al margen de las obligaciones de transparencia y concurrencia, generando una red de adjudicaciones que vulneraba los principios básicos de la gestión pública.

Prácticas sistemáticas y planificación concertada

La investigación judicial apunta a que la operativa de Efial no fue casual ni limitada a un caso aislado, sino que formaba parte de un plan sistemático y extendido en varios municipios. Se detectaron reuniones previas entre cargos públicos y representantes de la consultora para diseñar procedimientos, redactar pliegos de contratación a medida y garantizar la adjudicación directa de contratos.

El juez subraya que existía una voluntad explícita de burlar los mecanismos de fiscalización, lo que convierte esta causa en uno de los casos más graves de corrupción estructural en el ámbito local de los últimos años.

Consecuencias políticas y reputacionales

Más allá del ámbito penal, la causa judicial puede tener graves consecuencias reputacionales e institucionales para los ayuntamientos implicados y sus antiguos responsables. El auto judicial advierte de que la percepción pública de la corrupción, junto con la posible afectación a la credibilidad de las instituciones locales, constituye un daño difícilmente reparable.

El propio tribunal ha alertado sobre los efectos negativos que una posible imposibilidad de cerrar la causa —por dificultades procesales o recursos dilatorios— podría tener sobre la confianza ciudadana en la justicia y en la administración pública.

Próximos pasos en la instrucción

A falta de más de un año para la celebración del juicio oral, el procedimiento se encuentra en fase de preparación. Durante los próximos meses, se cerrarán los escritos de calificación definitiva por parte de la Fiscalía y de las acusaciones particulares, que deberán concretar las penas solicitadas y el alcance de la responsabilidad civil.

La defensa de los acusados, por su parte, prepara una estrategia que previsiblemente se centrará en desacreditar los informes periciales y en defender la legalidad de los procedimientos administrativos utilizados.