El último año judicial de Peinado se complica con la imputación de malversación a la esposa de Sánchez

El Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid encara un año decisivo, ya que su titular, Juan Carlos Peinado, se prepara para jubilarse en septiembre de 2026. Mientras tanto, la investigación sobre la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, gana complejidad al añadirse un nuevo delito que podría cambiar el rumbo de la causa. La atención mediática y política se centra ahora en los próximos pasos del juez y las implicaciones que podría tener para los investigados.

Ampliación de la investigación

Peinado ha incluido un quinto delito a la causa que investiga a Gómez: malversación. Este se centra en la contratación de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. Según fuentes judiciales, “otro dato más a considerar es el de la amistad personal previa siendo la razón de su nombramiento en el cargo de máxima confianza, sirviendo a las actividades privadas de Begoña Gómez, que se pretenden mejorar con este nombramiento”.

Hasta ahora, la esposa del presidente figuraba como investigada por cuatro delitos: tráfico de influencia, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo. La inclusión del nuevo delito se produce tras un pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Madrid, que validó las declaraciones de Álvarez como investigada y destacó posibles indicios de desviación de recursos públicos.

Origen y evolución de la causa

La investigación comenzó en abril de 2024, a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias. Se acusaba a Gómez de aprovechar su condición de esposa del presidente para recomendar a empresarios vinculados a licitaciones públicas, entre ellos Juan Carlos Barrabés. Desde entonces, el juez ha abierto nuevas ramas de investigación, incluidas querellas de Hazte Oír y Vox sobre presuntas irregularidades en la cátedra que dirigía Gómez en la Universidad Complutense y en la contratación de su asesora.

“Pasará a disposición judicial en las próximas horas o el lunes, tras ser detenido por los supuestos delitos de homicidio doloso en grado de tentativa, violencia de género y por romper condena”, señalaron fuentes oficiales, aunque la frase original corresponde al contexto de otro procedimiento y refleja la formalidad de los procesos judiciales similares.

La decisión de la Audiencia Provincial

En junio, la Audiencia Provincial ratificó que Álvarez no podía ser imputada por malversación como “funcionario ilícitamente destinado a cubrir necesidades o utilidades privadas de su superior”, limitando su responsabilidad a un posible delito de tráfico de influencias. Sin embargo, Peinado consideró que existían suficientes indicios para imputar malversación a Gómez, basándose en la relación personal y el uso de recursos públicos: “Podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados y, lo que es más importante, ofrecidos dentro de una estructura institucionalizada de poder que sirve para reforzar una indudable influencia como es la Presidencia del Gobierno”.

Se prevé que la declaración de Álvarez se lleve a cabo el 10 de septiembre, mientras que Gómez fue citada inicialmente para el día 11, aunque la defensa ha solicitado un aplazamiento.

Los investigados y testigos clave

Actualmente, figuran cuatro investigados en la causa: Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez, el delegado del Gobierno en Madrid Francisco Martín Aguirre y el empresario Juan Carlos Barrabés. Además, han comparecido como testigos diversos directivos de empresas vinculadas al software de la cátedra, así como autoridades académicas.

Pedro Sánchez y el ministro Félix Bolaños también han prestado declaración, con Sánchez acogiéndose a su derecho a no declarar. Peinado propuso investigar a Bolaños en el Supremo por malversación y falso testimonio, solicitud que fue rechazada por el alto tribunal. Actualmente, el CGPJ analiza una queja presentada por Bolaños contra el juez por el interrogatorio realizado en abril en La Moncloa.

Perspectivas y cierre del procedimiento

Peinado afronta su último año de ejercicio antes de jubilarse en septiembre de 2026, por lo que se espera que concluya las pesquisas durante este curso judicial. Deberá decidir si archiva la causa, procesa a los investigados o remite el caso a otro juez. La complejidad de la investigación, la inclusión de un nuevo delito y la relevancia política del asunto han convertido este procedimiento en uno de los más seguidos en los últimos meses.