Begoña Gómez y otros investigados eluden comparecer personalmente ante el juez por malversación

La comparecencia judicial celebrada este sábado en el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid subraya la relevancia institucional de los procedimientos que involucran a altos cargos del Ejecutivo y a sus allegados. La investigación por presunta malversación relacionada con la contratación de personal en Moncloa refleja la complejidad del equilibrio entre derecho penal, control del gasto público y transparencia administrativa. Este caso constituye un ejemplo paradigmático de la aplicación de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado y de la fiscalización de la gestión pública en España.

Decisión de delegar la presencia física

Begoña Gómez optó por no comparecer personalmente ante el juez Juan Carlos Peinado, en la audiencia destinada a comunicarle que, en caso de llegar a juicio por presunta malversación, será juzgada por un jurado popular. Su defensa estuvo a cargo del exministro socialista Antonio Camacho.

Los otros investigados en la pieza separada, Cristina Álvarez, asesora de Moncloa, y Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en Madrid, tampoco acudieron personalmente, enviando a sus letrados como representantes. La sesión judicial, programada a las 18:00 horas, se centra en la presunta desviación de fondos públicos durante la contratación de Álvarez y la eventual realización de funciones privadas para la señora Gómez.

Sustento legal de la representación

Las defensas se ampararon en la Circular de la Fiscalía de 29 de diciembre de 1995, que establece que la presencia física de los imputados en la comparecencia prevista por el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado "no es indispensable". Según esta normativa, en esta fase no se practican diligencias ni se toma declaración a los imputados, por lo que basta con la presencia de sus abogados.

Durante la audiencia, el juez escucha a la Fiscalía y a las acusaciones, que concretan la imputación, mientras las defensas pueden solicitar el archivo o proponer diligencias adicionales, todas evaluadas dentro del marco de la legalidad vigente.

Diligencias y documentación pendiente

Entre los documentos y pruebas pendientes se incluyen los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los correos electrónicos aportados por el exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio. Asimismo, continúan pendientes los correos institucionales de la señora Gómez y los listados de responsables de autorizar y ejecutar pagos a Álvarez, así como los relativos a los secretarios generales de Presidencia desde julio de 2018.

Luis Pardo, abogado de Iustitia Europa, subrayó que solicitarán diligencias "sustanciales" y, por tanto, "imprescindibles", que ya se practicaron en la pieza principal, pero que considera necesarias para garantizar la exhaustividad y transparencia del procedimiento.

Acusaciones y posible testifical presidencial

La acusación popular, coordinada por Hazte Oír, estudia solicitar la declaración del presidente Pedro Sánchez como testigo en esta pieza separada. Marta Castro, coordinadora nacional jurídica de Vox, señaló que la aplicación del jurado popular en casos de presunta malversación "no es un capricho ni del juez Peinado ni de las acusaciones populares, sino una estricta aplicación de la legalidad".

Por su parte, Ignacio Arzuaga, presidente de Hazte Oír, declaró a los medios que su objetivo es "acabar con la corrupción (...) y convencer a Pedro Sánchez de que convoque elecciones y abandone el Palacio de la Moncloa", y añadió: "Creemos que (...) vamos a conseguirlo y esperamos que sea cuanto antes".

Contexto institucional y relevancia del tribunal del jurado

El recurso al jurado popular refuerza la dimensión democrática y participativa del sistema judicial en delitos graves como la malversación. Este mecanismo garantiza que los ciudadanos, y no únicamente los tribunales técnicos, participen en la evaluación de la conducta de los altos responsables públicos, reforzando la percepción de imparcialidad y legitimidad.

Asimismo, la comparecencia refleja la interacción entre la fiscalización del gasto público y los mecanismos legales de defensa, en un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son criterios esenciales para la confianza institucional.

Repercusiones sociales y mediáticas

La jornada se desarrolló con notable expectación mediática y social. Decenas de personas se concentraron frente al juzgado, portando banderas y pancartas, coreando consignas críticas hacia el presidente del Gobierno. La Policía intervino en situaciones puntuales para garantizar la seguridad, incluyendo la presencia de un individuo que se subió a un poste para realizar declaraciones públicas.

Coincidiendo con la cita judicial, el juez Peinado celebró su 71.º cumpleaños, hecho anecdótico que fue mencionado por algunos manifestantes, quienes incluso entonaron el 'Cumpleaños Feliz' antes de dispersarse hacia las 19:00 horas.