lunes, 29 de septiembre de 2025 19:42

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Interior firma el procedimiento de resolución del contrato de las balas de Israel "por imposible cumplimiento"

Defiende que la liquidación tiene un coste de "cero euros" y prevé sólo la devolución de 275.500 euros por un depósito adelantado por la empresa
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Archivo - El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo

Defiende que la liquidación tiene un coste de "cero euros" y prevé sólo la devolución de 275.500 euros por un depósito adelantado por la empresa

La secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Aina Calvo, ha firmado este lunes el acuerdo para iniciar el procedimiento de resolución del contrato "por imposible cumplimiento" para adquirir 15 millones de balas para la Guardia Civil por un valor estimado de 6,8 millones y que fue adjudicado a la empresa israelí IMI Systems LTD, representada en España por la empresa Guardian Homeland Security S.A.

En dicho acuerdo de la Secretaría de Estado de Seguridad, al que ha tenido acceso Europa Press, se motiva la rescisión del contrato de munición de 9x19 mm --repartido en dos lotes-- aludiendo a la reciente publicación el 23 de septiembre de 2025 del Real Decreto-ley 10/2025, por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina.

Fuentes del Ministerio del Interior han señalado a Europa Press que el procedimiento de resolución de contrato se ha firmado por la 'número dos' de Fernando Grande-Marlaska una vez que ha sido denegado por la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Internacional de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU).

MARLASKA CELEBRÓ QUE SE CORRIGIERA SU "ERROR"
"Los contratos afectos son de imposible cumplimiento para los contratantes, en este caso la Guardia Civil y la empresa adjudicataria", recoge el escrito de resolución.

El contrato de las balas procedentes de Israel motivó las quejas de Sumar y otros socios parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez y llevó al ministro del Interior a reconocer en el Congreso el pasado 21 de mayo que había cometido un "error", aunque subrayando que este "desajuste" ya estaba en vías de ser subsanado por el Gobierno.

Tanto el PP como Vox criticaron que se anulara el contrato, justificado por el Ejecutivo por la escalada bélica de Israel en Gaza y Cisjordania, al entender que implicaba "castigar a la Guardia Civil" al dejarle sin una munición necesaria. Grande-Marlaska, por su parte, garantizó que no habría desabastecimiento de balas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

LIQUIDACIÓN POR UNA CUANTÍA DE CERO EUROS
El procedimiento de resolución del contrato firmado por Interior incluye varias cláusulas finales en las que el Ministerio propone "la liquidación del contrato en la cuantía de cero euros", según explica, "al no existir bienes que se puedan recibir en virtud de lo indicado en la presente resolución".

En el punto cuarto añade que propone la devolución de las "garantías definitivas" constituidas por el adjudicatario por importe de 184.500 euros para el lote 1 y de 90.000 euros para el segundo lote (275.500 euros en total), "equivalentes al 5% del presupuesto base de licitación de cada lote, excluidos impuestos". Fuentes de Interior han explicado que estas cantidades corresponden a un depósito que adelantó la empresa israelí como garantía de cumplimiento, por lo que en ningún caso es una indemnización.

De esta forma, la resolución de Interior cita varios artículos de la Ley de Contratos del Sector Público y se detiene en el 211.1.g), para detallar: "La causa de resolución de los contratos con IMI Systems LTD se fundamenta en imposibilidad legal sobrevenida, derivada de la prohibición de importar material de defensa desde Israel materializa por la denegación de la licencia de importación por parte de la autoridad competente".

Según Interior, lo anterior "constituye una imposibilidad legal sobrevenida que activa esta causa de resolución del contrato", remitiéndose a continuación al Real Decreto Ley con medidas urgentes de 23 de septiembre de 2025, ya que "prohíbe transferencias de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso", así como las "solicitudes de autorización de tránsito de dicho material".

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