El PP denuncia la "inseguridad jurídica" y el "bloqueo de la Justicia" por la Ley de Eficiencia Judicial de Bolaños

El Partido Popular ha presentado una proposición no de ley (pnl) en el Congreso para exigir al Gobierno la modificación "urgente" de la regulación de los Medios Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) en la Justicia y para el establecimiento de criterios unificados para todos los órganos judiciales, "lo que provoca retrasos, inseguridad jurídica y atenta contra los derechos de los ciudadanos".

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha tachado la Ley de Eficiencia Judicial del Gobierno de "desastre legislativo" y ha insistido en "eliminar obstáculos y reforzar medios para mejorar la Justicia", como han expresado desde la formación en un comunicado recogido por Europa Press.

En este sentido, desde la formación han criticado que la Ley de Eficiencia Judicial "está provocando inseguridad jurídica, bloqueo de la Justicia, dificultades entre los operadores judiciales y disparidades interpretativas de la norma".

Según han manifestado en el texto de la proposición, todo ello iría en contra de la finalidad de la reforma al "generar retrasos e inseguridad", además de "estar perjudicando a los legítimos intereses y derechos de los ciudadanos" y, especialmente, de los demandantes".

Así, aseguran que es "imprescindible" impedir que los MASC se conviertan en un "elemento de bloqueo de la Justicia", además de avanzar en un nuevo modelo "que aporte coherencia y efectividad".

PROPUESTAS DEL PP
Entre las principales medidas que ha propuesto el PP para su debate en el Pleno del Congreso están la unificación de criterios para la aplicación de dichos MASC, la "modificación urgente" de las excepciones sobre la obligatoriedad de la utilización de esos medios alternativos, así como la elaboración de un estatuto de la tercera persona neutral con participación efectiva de todos los profesionales y su remisión a las Cortes.

En la pnl también se solicita que el Gobierno trabaje con las comunidades autónomas, el CGPJ y los distintos órganos de la Justicia para la elaboración de protocolos comunes de actuación que definan "con claridad y flexibilidad la exigencia, acreditación y efectivos del intento de los MASC".

En este sentido, el Partido Popular aboga, además, por el desarrollo de programas de formación específica para los operadores jurídicos y campañas de información ciudadana para difundir el funcionamiento y las ventajas de estos medios alternativos.

Desde la formación han pedido que se establezcan "mecanismos de seguimiento y evaluación" que permitan medir el impacto real de los MASC en la "reducción de la litigiosidad y en la mejora de la eficiencia del sistema judicial".