España desaconseja viajar a Madagascar por las protestas y el caos político

El Gobierno español ha desaconsejado formalmente los viajes a Madagascar "salvo en caso de necesidad", en un aviso con el que responde a la ola de protestas que vive el país desde hace semanas y que se ha traducido en un pulso político entre el presidente, Andry Rajoelina, y la Asamblea Nacional, que se han cruzado este lunes órdenes de disolución y cese.

La nota compartida en su página web por el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación alude a las manifestaciones iniciadas en septiembre y al riesgo de violencia. "Se aconseja a los viajeros extremar la precaución y evitar desplazamientos innecesarios, especialmente en áreas donde se reporten concentraciones de personas", reza el aviso.

En este sentido, el Ministerio ha advertido de que las manifestaciones pueden volverse "impredecibles" y "escalar hacia situaciones de riesgo", en un país que adolece además de "graves problemas sociales" y de otros "riesgos derivados de la debilidad de sus instituciones y de su Estado de derecho".

Rajoelina aseguró el lunes a última hora haber huido a un "lugar seguro" para proteger su vida, sin confirmar las informaciones que apuntan a que fue evacuado por un avión francés tras semanas de protestas contra su Gobierno por la escasez de agua y electricidad que han derivado en una importante amenaza a su poder.

Pese a estar en paradero desconocido, la Presidencia publicó un decreto que anunciaba la disolución de la Asamblea Nacional, que respondió por su parte cuestionando la legalidad de la orden y aprobando por amplia mayoría una moción para cesar al jefe de Estado.

Una unidad de élite de las Fuerzas Armadas de Madagascar, Centro de Administración de Personal del Ejército (CAPSAT), se ha autoproclamado al mando del país y su responsable, Michael Randrianirina, ha anunciado la creación de un Consejo de Defensa Nacional de Transición (CDNT), en una primera batería de medidas que contemplan también la anulación de la Constitución de 2010 y la suspensión de varias instituciones, entre ellas el Tribunal Constitucional y el Senado.