El Reglamento del Congreso prevé que Ábalos sea suspendido de sueldo y derechos parlamentarios si ingresa en prisión

El Reglamento del Congreso establece que un diputado verá suspendidos sus derechos parlamentarios y sus retribuciones si ingresa en prisión preventiva y mientras dure esta situación, una precepto que podría aplicarse al exministro José Luis Ábalos, actualmente diputado del Grupo Mixto, si el juez Leopoldo Puente acaba enviándole a la cárcel tras la declaración prevista para este miércoles en el Tribunal Supremo.

Se trata del segundo apartado del artículo 21 del Reglamento, donde se señala que "los diputados y diputadas quedarán suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallaren en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta".

Este artículo sería aplicable a Ábalos en caso de que se decretase su prisión provisional tras prestar declaración de este miércoles, pues la interpretación de los letrados del Congreso es que, al tratarse de un procedimiento abreviado, "no existe como tal" un auto firme de procesamiento.

En la Cámara Baja entienden que, de producirse el ingreso en prisión provisional, la suspensión se aplicará de forma automática y Ábalos dejaría de percibir retribuciones del Congreso y ya no tendría derecho a participar en actividades parlamentarias.

Si eso ocurriera, podría abrirse el debate sobre modificar o no las mayorías en la Cámara al no haber 350 diputados, sino 349, pero al tratarse de un caso individual tampoco es una alteración que tenga excesiva incidencia en las votaciones.

Eso si, la suspensión es una medida temporal y mientras durase esta situación de prisión provisional. En el momento que recuperase su libertad, también recuperaría sus derechos parlamentarios.

Y, en todo caso, la suspensión no implica la pérdida del escaño, que ya es una medida extrema que llega con una sentencia, como ocurrió en el caso de Alberto Rodríguez (Podemos), aunque el Tribunal Constitucional lo desautorizó, o al ser procesado por determinados delitos graves establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fue lo que llevó a retirar el escaño a Oriol Junqueras (ERC) y otros independentistas encausados en el procés.