El Estado aprueba la reforma que traspasa la instrucción penal de jueces a fiscales

El Gobierno de España aprobará en el Consejo de Ministros la reforma de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que traerá consigo el mayor cambio en el proceso penal en España en décadas. El cambio más destacado es que la instrucción penal pasará de los jueces a los fiscales.

Actualmente, son los jueces quienes dirigen la investigación de los delitos. Deciden sobre las pruebas, las detenciones o las medidas cautelares. Con la reforma, serán los fiscales los encargados de llevar la investigación, mientras que los jueces se centrarán exclusivamente en juzgar y en asegurar que se respeten los derechos fundamentales del acusado, supervisando las decisiones de la Fiscalía.

Este cambio busca agilizar y hacer más eficiente el proceso penal, alineándose con modelos de otros países europeos. Los fiscales, al tener el control de la investigación, podrán actuar con mayor rapidez. Sin embargo, un juez de garantías tendrá la última palabra sobre las decisiones clave que puedan afectar los derechos del imputado, como la prisión preventiva o los registros.

Además de este cambio, la reforma también contempla la expulsión de los partidos políticos de la acusación popular y la ampliación del mandato del fiscal general del Estado a cinco años, tras modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, defendió que esta reforma adapta el sistema judicial español a modelos europeos, asegurando que el nuevo enfoque también será más garantista para los derechos de los acusados. Según Bolaños, un juez de garantías será el encargado de supervisar las decisiones de la Fiscalía durante la investigación, asegurando que no se vulneren los derechos fundamentales de los implicados.