IU se querella en la Audiencia Nacional contra los máximos responsables militares israelíes del asalto a la Flotilla

La acción penal apunta detención ilegal, malos tratos y delitos en contexto de lesa humanidad y genocidio

Izquierda Unida (IU) y el Partido Comunista (PCE) han registrado en la Audiencia Nacional una querella por los supuestos actos delitos de piratería, detención ilegal, tortura y delitos contra personas y bienes en conflictos armados por los hechos ocurridos en el asalto de la Summud Flotilla en aguas internacionales a principios de octubre y la detención y encierro de sus participantes por parte de las autoridades israelíes.

El secretario general del PCE y portavoz de Justicia de Sumar, Enrique Santiago, ha asegurado que estos hechos son un "acto de piratería" a barcos de bandera española ocurridos en aguas internacionales y que, por tanto, "no hay ninguna duda jurídica de que la competencia es de las autoridades españolas".

En concreto, la querella se dirige contra el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Wir; el jefe de las fuerzas militares de Israel, Ramatcal Eyal Zamires; el jefe de la Fuerzas Navales de Israel, Ram Rotherg; y el general jefe de la prisión donde fueron recluidos todos los españoles, Yosef Knipes.

Santiago ha señalado que se trata de un "primer paso" y que más adelante podrán sumarse a la iniciativa las personas directamente perjudicadas. "Esto no es simplemente una iniciativa con finalidad de obtener un titular mediático, no es un juicio inquisitorial", ha apuntado, precisando que la querella se dirige más allá de las personas implicadas en estas actividades y que, si aparecieran elementos probatorios contra las máximas autoridades del Estado de Israel, la justicia española "tendría que continuar la investigación más allá de estas cuatro personas".

QUERELLA "AD HOMINEM" Y CON "CAUSA OBJETIVA"
Por su parte, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha explicado que la querella no es general, sino "ad hominem", presenta "una causa objetiva" y "tiene que ver con un Estado genocida que actúa como una acción de piratería, donde secuestra a 49 compatriotas que iban en suelo español", al tratarse de "barcos en aguas internacionales bajo la bandera española".

Maíllo ha asegurado que los responsables son quienes tienen competencia en lo sucedido y que el objetivo final es que se abra la investigación, se concluyan con pruebas "y se llegue hasta el final".

En este sentido, ha defendido que el derecho internacional "no es un brindis al sol" y ha señalado que Israel lo ha incumplido, citando la Convención de Ginebra, la Carta de Naciones Unidas". "Evidentemente tiene que pagar por ello", ha zanjado.

Además, Maíllo ha aseverado que España está "en el lado correcto de la historia" y que IU "no ha sido cómplice de mirar para otro lado", destacando que "no pararan" hasta llevar al presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, ante el Tribunal Internacional Penal de la Haya".

Además, ha reclamado que el Gobierno se vincule al acuerdo y al equipo jurídico de la Haya para interponer querellas y acusaciones al Estado de Israel "para sentar en el banquillo a sus máximos responsables".

CUATRO DELITOS EN CONTEXTO DE LESA HUMANIDAD Y GENOCIDIO
El escrito de querella, al que ha tenido acceso Europa Press, solicita al Juzgado Central de Instrucción que admita la acción por los delitos de detención ilegal, piratería, tortura, delitos contra personas y bienes en caso de conflicto armado, en el contexto de la comisión de delitos de lesa humanidad y delitos de genocidio.

El documento denuncia "torturas de carácter sistemático", ausencia de respeto de los derechos fundamentales, ausencia de asistencia legal y diplomática efectiva, "malos tratos físicos y psíquicos", la existencia de "visitas no deseadas" de autoridades israelíes ajenas a procedimiento alguno" y la "total disponibilidad" de los detenidos para "actuaciones contrarias a cualquier procedimiento jurídico".

El texto solicita que se oficie a Policía Nacional y Guardia Civil para determinar la situación de los querellados y posibles conexiones personales, que se recabe información del Estado de Israel sobre los participantes en las operaciones y que se practiquen "cuantas otras diligencias se estimen procedentes". Pide también las procedentes medidas asegurativas de sus personas y bienes.