El Congreso tumba la moción del PP para dejar en evidencia a Torres por su presunta injerencia en contratos públicos

Junts vota a favor, pero Vox opta por abstenerse y el PSOE y sus aliados rechazan el texto

El Pleno del Congreso ha rechazado este miércoles una moción del PP que pretendía dejar en evidencia al expresidente canario y ahora ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, censurando su injerencia de políticos en contratos públicos, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya revelado hechos "de enorme gravedad" relacionados con su etapa como presidente del Gobierno de Canarias.

La moción, que es consecuencia de la interpelación que los 'populares' dirigieron la semana pasada a Torres a raíz del informe la UCO, ha recibido 168 votos en contra, del PSOE, Sumar y sus socios del Gobierno, y 145 votos en favor (entre ellos los del PP, Junts y UPN). Vox, CC y BNG ha optado por abstenerse.

En su texto, que recoge Europa Press, el PP pretendía que el Congreso rechazase toda injerencia política sobre el personal al servicio de las administraciones públicas "que buscan obtener o agilizar beneficios a particulares, empresas o partidos ajenos al interés general".

Asimismo, el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo instaba al Gobierno a aplicar las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa para "mitigar los riesgos de corrupción y los conflictos de intereses en las personas con altas funciones ejecutivas del Gobierno central", entre los que incluían a asesores políticos.

INCUMPLEN LAS RECOMENDACIONES DEL GRECO
Y es que los 'populares' arguyen que el apoyo público al ministro Torres, "incluso después de conocidas y acreditadas conductas absolutamente incompatibles con la ética pública", "hace patente" el "incumplimiento" del Gobierno de Pedro Sánchez de las recomendaciones del GRECO sobre medidas de prevención de la corrupción.

Como también "la normalización que el Gobierno y los partidos que le apoyan hacen de hechos como la actividad de un ex alto cargo del Gobierno --Leire Díez-- implicada en sobornos y chantajes a fiscales o guardias civiles para conseguir información comprometida de las personas que investigan al Gobierno".

Es por ello que, en su propuesta, el PP también exigía al Gobierno que diera cuenta de las posibles indicaciones que Presidencia o los ministerios de Presidencia y Justicia o Interior realizaron a la ex alto cargo de las empresas públicas de Correos y ENUSA así como exmilitante socialista Leire Díez para "sobornar, chantajear y extorsionar" a personas del ámbito político y judicial con el fin de obtener información contra la judicatura o los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encargados de investigaciones que afectan al Gobierno y al PSOE.