Ayuso cree que fiscal y Sánchez "cooperaron coordinados" con objetivo de "acabar" con ella "por vías ilegítimas"

Celebra que "un ciudadano particular" pueda recibir protección de los tribunales "frente a los delitos del Estado"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido este viernes que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "cooperaron coordinados" con el único objetivo de "acabar" con ella "por vías ilegítimas".

"En ninguna democracia liberal un fiscal depende del presidente del Gobierno, y aún menos cooperan coordinados en operaciones de Estado hasta llegar a ser condenados por el Tribunal Supremo. ¿Cómo explicarle al mundo que España no tolera que su presidente arremeta impunemente contra el Poder Judicial?", ha reivindicado la dirigente regional en su primera comparecencia tras la condena del fiscal.

Considera la presidenta que el 20N pasará a ser "un día histórico para la democracia española" porque la Justicia ha condenado a un fiscal general del Estado por "cometer un delito con el único objetivo de atacar y dañar a un adversario político". Además, ha expresado que España "no se merece un Gobierno que les mienta, ni que les parta en dos".

Lo ha expresado en una comparecencia ante los medios de comunicación desde la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional, después de que el TS haya condenado al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --pareja de Ayuso--, a quien ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Díaz Ayuso ha defendido que ayer los ciudadanos pudieron ver cómo la Justicia española funciona "incluso frente al uso interesado de las instituciones y el abuso arbitrario del poder por razones políticas", además de incidir en que "un ciudadano particular" puede obtener la protección y la tutela de los tribunales "frente a los delitos que el poder del Estado pueda cometer contra él".

"La revelación de secretos de un ciudadano por parte del fiscal general del Estado no sólo ha vulnerado derechos fundamentales de un español, es que muestra la vulnerabilidad de los de todos. Por eso el Colegio de la Abogacía de Madrid dio un paso adelante en defensa de la abogacía española y del derecho a la defensa de todos los ciudadanos", ha explicado.

"UN INADMISIBLE ATROPELLO" Y UN DELITO "QUE JAMÁS DEBERÍA HABER SUCEDIDO"
Considera que se trata de un "inadmisible y peligroso atropello", además de un delito que jamás debería haber sucedido en una democracia liberal", aunque ha subrayado que es una "buena noticia" que funcione el Estado de derecho, si bien ha insistido en que "ningún español debe soportar algo así".

Ayuso ha censurado que Sánchez haya decidido "dinamitar" la separación de poderes y erigirse en "juez y parte" pretendiendo "imponer la sentencia del fiscal al Supremo en mitad del juicio". "Y también por eso se ordenó una maquinaria de fontaneros relacionados con distintas tramas de corrupción para arremeter contra jueces, fiscales y periodistas. Para impedir que hicieran su trabajo en libertad, para difamarles y amedrentarles", ha denunciado.

Así, como ya hiciera ayer en redes sociales, ha defendido que no es el fiscal sino Pedro Sánchez "quien se ha sentado en el banquillo de los acusados" porque él mismo afirmó que "el fiscal dependía de él". "Él mismo dijo que habría que pedir perdón al fiscal mientras juntos borraban todo dispositivo digital con el ánimo de obstruir la labor judicial", ha reprochado.

La líder del Ejecutivo madrileño ha destacado que esta noticia "ha dado la vuelta al mundo" porque en ninguna democracia un "fiscal depende del presidente del Gobierno". Además, ha advertido de que esta noticia se haya pretendido vender como un "choque de trenes de iguales", si bien considera que aquí "no gana nadie" sino que es "un paso más hacia el guerracivilismo".

Considera, de esta forma, que este "ataque del aparato del Estado a un ciudadano no puede volver a repetirse" y que no se puede tolerar un día más que se intente poner al Estado "a disposición del Gobierno para protegerle de su corrupción".