El Gobierno andaluz sobre la nueva FGE: "Valoro positivamente este nombramiento. Ojalá se hubiera hecho hace 7 años"

El consejero andaluz de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha valorado "positivamente" el nombramiento de Teresa Peramato como nueva Fiscal General del Estado, avalado por unanimidad por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "Ojalá se hubiese hecho ese nombramiento hace siete años, en lugar de los dos nombramientos fallidos que hizo el Gobierno de Pedro Sánchez".

Así se ha manifestado Nieto este jueves en una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, en la que ha reconocido que, en el caso de Peramato, "se nombra a una gran profesional, con una trayectoria de 35 años en la Fiscalía, con un trabajo que avala ese reconocimiento, una persona seria que puede tener perfectamente su ideología, pero lo importante es que esa ideología se quede fuera del juzgado y que en sus resoluciones lo que esté por encima de cualquier otra cosa sea la legalidad y el cumplimiento de la norma".

El consejero Nieto ha reconocido que la nueva Fiscal General "tiene un trabajo muy complicado. Tiene que recuperar la dignidad de esa Fiscalía tan dañada por los sucesos que todos conocemos. Tiene que recuperar la independencia de la Fiscalía General y demostrar que ese papel del Ministerio Público es clave para el funcionamiento de la Justicia desde la independencia".

El responsable andaluz de Justicia ha hecho estas manifestaciones después de que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado por unanimidad declarar idónea a Teresa Peramato para ejercer como fiscal general del Estado, tras la salida de Álvaro García Ortiz por su condena en el Tribunal Supremo (TS), el único candidato al que el órgano de gobierno de los jueces declaró "no idóneo" para el cargo.

"Reúne los méritos y requisitos para ser nombrada fiscal general del Estado", han resuelto los vocales --tanto progresistas como conservadores--. El informe del Consejo siempre ha sido favorable al aspirante designado por el Ejecutivo, salvo con García Ortiz. En este caso, dio su visto bueno cuando llegó al cargo, pero de cara a su renovación en el mismo le declaró "no idóneo".

El anterior CGPJ --de mayoría conservadora-- se opuso a la continuidad de García Ortiz en el puesto basándose en otra sentencia del Tribunal Supremo, la que apreció que había incurrido en "desviación de poder" por ascender a su predecesora inmediata, Dolores Delgado, a la máxima categoría de la carrera fiscal.

En aquella ocasión, el Consejo se apoyó también en lo que entendió como una política de nombramientos discrecionales con la que García Ortiz había favorecido a los miembros de su antigua asociación, la Unión Progresista de Fiscales (UPF); por imponer lo que consideró criterios erróneos, como con la ley del 'solo sí es sí'; y por su "inactividad" ante las acusaciones de 'lawfare' contra los fiscales del 'procés'.