Sumar lanza en el Congreso la ley para regular la Criminología como profesión en España

Exige el título de Criminología para ejercer y detalla 21 ámbitos de actuacion y más de 30 puestos profesionales para trabajar

Sumar ha registrado en el Congreso una proposición de ley por la que se regula el ejercicio profesional de la Criminología, una norma que establece por primera vez las condiciones para el reconocimiento de la profesión, delimita sus funciones específicas y fija los requisitos para su ejercicio en los sectores público y privado.

La iniciativa, recogida por Europa Press, tiene como objeto identificar las funciones de la profesión, delimitando los requisitos para su ejercicio y garantizando su integración en los sistemas públicos y privados relacionados con la prevención, intervención, investigación y evaluación de la criminalidad y la seguridad.

La proposición fija que solo podrán ejercer profesionalmente quienes posean el título universitario oficial de Licenciatura o Grado en Criminología, o su equivalente homologado, siendo esta exigencia "vinculante para los sectores públicos, privados, sociales y cualquier otro que realicen la contratación" de personas que la ejerzan".

El texto de Sumar, que recoge gran parte de la propuesta impulsada por el Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid con apoyo del resto de Colegios de España, define la Criminología como una "disciplina científica interdisciplinar" que estudia "las causas, naturaleza, extensión, prevención y control del delito y la desviación social", así como la intervención con víctimas e infractores y las respuestas sociales e institucionales.

VÁLIDO PARA PERITOS Y DOCENTES, ADEMÁS DE INVESTIGADORES
Y establece 21 grandes ámbitos competenciales, entre los que se encuentran la evaluación del riesgo de reincidencia y revictimización, la elaboración de informes criminológicos, el análisis de la criminalidad, la prevención en materia policial, penitenciaria, vial y cibernética, la intervención con víctimas y la participación en procesos de justicia restaurativa, entre otros.

También detalla más de 30 posibles puestos profesionales, desde personal docente e investigador hasta perito judicial, analista delictivo, técnico en instituciones penitenciarias, miembro de equipos de justicia juvenil, profesional de atención a víctimas, especialista en ciberseguridad, criminólogo ambiental, asesor en medios de comunicación o técnico en protección del informante, entre otros.

La norma prevé que las administraciones públicas deberán incluir la figura profesional del criminólogo/a en sus relaciones de puestos de trabajo y ofertas de empleo público "en aquellos ámbitos relacionados con la prevención del delito, la reinserción social y laboral, la atención a víctimas, la mediación, la seguridad pública, la protección del informante" y otros ámbitos afines.

INCORPORACIÓN A LA FUNCIÓN PÚBLICA
Asimismo, establece los derechos y deberes del colectivo, la obligación de secreto profesional, la elaboración de un código deontológico por parte de los colegios profesionales y un régimen sancionador con infracciones leves, graves y muy graves.

La proposición contempla disposiciones específicas sobre igualdad, accesibilidad, fomento del empleo, creación del campo de conocimiento universitario de Criminología como disciplina independiente y la incorporación de la profesión en la función pública en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley.

Entre las medidas previstas destacan también el desarrollo reglamentario del Registro Nacional de Criminología, la regulación del régimen sancionador y la homologación de títulos académicos en un plazo máximo de seis meses.

FUNDAMENTAL PARA "MEJORAR LA CONVIVENCIA"
La exposición de motivos subraya que la Criminología es una ciencia fundamental para comprender la delincuencia, prevenirla y mejorar las respuestas institucionales, señalando la falta histórica de una regulación profesional que genera "inseguridad jurídica", limita el acceso al empleo y no garantiza que quienes ejercen cuenten con la titulación adecuada.

Igualmente, reivindica su papel en ámbitos policiales, judiciales, penitenciarios, educativos, comunitarios, empresariales, de ciberseguridad y de protección de víctimas, así como su relevancia internacional y europea, donde la profesión ya está reconocida.

La ley recuerda que la Criminología es esencial para diseñar políticas públicas basadas en la evidencia, mejorar la convivencia, garantizar derechos y aportar diagnósticos rigurosos. Y responde a la necesidad de reconocer y ordenar una profesión "fundamental para la mejora de la convivencia en nuestro país" y para homologar la realidad española a los estándares europeos, esgrime el grupo parlamentario.