Vídeo: Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso quedan en libertad con cautelares por presuntas irregularidades

La Audiencia Nacional toma una decisión relevante este sábado al dejar en libertad a tres investigados en un caso de presuntas irregularidades relacionadas con contratos públicos. La medida, adoptada por el juez Antonio Piña, refleja un avance en la instrucción judicial pero mantiene la tensión sobre los posibles amaños en adjudicaciones y pagos entre 2021 y 2023.

Libertad con medidas cautelares

El juez Antonio Piña acuerda dejar en libertad a Leire Díez, exmilitante del PSOE; Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI); y Antxon Alonso, empresario y socio de Santos Cerdán, bajo medidas cautelares que incluyen retirada de pasaportes, prohibición de salir de España y obligación de comparecer quincenalmente en sede judicial. Fuentes jurídicas confirman que estas restricciones buscan garantizar la presencia de los investigados durante la instrucción sin afectar la presunción de inocencia.

Los tres detenidos llegaron a la Audiencia Nacional sobre las 08:30 horas y comenzaron a declarar a las 10:00. Díez se negó a declarar al no conocer los motivos de su detención ni los hechos que se le atribuyen. Fernández respondió a las preguntas del juez, la Fiscalía y su defensa, negando presuntos amaños en la adjudicación de contratos entre 2021 y 2022 y ofreciendo información sobre su relación con la empresa Servinabar, en la que también figura Alonso. Este último se acogió a su derecho a no declarar. Los tres habían sido arrestados días antes por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a raíz de órdenes de detención emitidas por el juez, manteniendo la causa bajo secreto de sumario.

Contexto de la investigación

La causa ha sido impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, que investiga presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. El foco principal se centra en la empresa Servinabar, vinculada a Santos Cerdán y Antxon Alonso, y en contratos públicos de empresas dependientes de la SEPI. Según las pesquisas de la UCO, Servinabar podría haber recibido pagos a cambio de adjudicaciones públicas, lo que habría generado un entramado de posibles irregularidades entre distintas administraciones y organismos.

Durante la instrucción, la Guardia Civil ha realizado registros en Madrid, Sevilla y Zaragoza, incluyendo sedes de Forestalia, SEPI, Mercasa, Conaudure y Enusa. Además, se solicitó información a Correos y a los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, que colaboraron facilitando documentación sobre expedientes administrativos, asegurando que fueron tramitados con todas las garantías y procedimientos habituales.

Perfil y antecedentes de los investigados

Leire Díez ha trabajado en compañías vinculadas a la SEPI y a Correos, desempeñando cargos de responsabilidad en relaciones institucionales. Según el juez Arturo Zamarriego, Díez “lidera una actuación delictiva, continuada y coordinada para recabar información comprometida o irregular”, con el objetivo de “anular o malbaratar investigaciones en casos relevantes que afectan a políticos y empresarios”. La exmilitante socialista declaró en noviembre haber mantenido reuniones con Santos Cerdán como periodista, negando cualquier vínculo con el PSOE o la prestación de favores a cambio de información.

Vicente Fernández, nombrado presidente de la SEPI por el Gobierno en 2018, dimitió en 2019 tras ser imputado en el ‘caso Aznalcóllar’ por un supuesto amaño de concurso internacional de adjudicación de una mina, de la cual fue absuelto este año. Documentación remitida por Hacienda Foral de Navarra revela que Servinabar le pagó 68.632,48 euros en 2021 y 33.251 euros en 2023, con retenciones de 40.800 euros en 2022.

Antxon Alonso, administrador único de Servinabar, también está investigado por el Supremo en la pieza del ‘caso Koldo’ por presunta trama de amaños de obra pública. Alonso negó haber pagado comisiones y desvinculó a Cerdán de la empresa, asegurando que realizó pagos al exasesor ministerial Koldo García como intermediario en proyectos de construcción privados anteriores a 2017.

Implicaciones políticas y mediáticas

El caso genera gran repercusión por la implicación de figuras ligadas al PSOE y empresas públicas estratégicas. La libertad con medidas cautelares ha sido interpretada como un paso intermedio que busca garantizar la presencia de los investigados durante el proceso judicial, sin afectar su presunción de inocencia, mientras se mantienen abiertas las investigaciones sobre contratos públicos y pagos a empresas vinculadas a políticos y exdirectivos. Expertos legales señalan que estas medidas buscan “asegurar el cumplimiento de la instrucción y prevenir riesgos de fuga o manipulación de pruebas”.

Próximos pasos

La instrucción sigue abierta bajo secreto de sumario. Se esperan nuevas citaciones y ampliación de la investigación para esclarecer los posibles delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias. Las pesquisas continúan evaluando los contratos vinculados a Servinabar y la relación de los investigados con empresas públicas, mientras la sociedad y los medios siguen de cerca el desarrollo de un caso que afecta a la gestión de recursos y adjudicaciones en el Estado.