El bloqueo en el Tribunal Constitucional retrasa la salida de Conde-Pumpido y mantiene el statu quo en la corte

El Tribunal Constitucional (TC) atraviesa un momento crítico de incertidumbre institucional, marcado por la expiración del mandato de cuatro de sus magistrados, incluido el presidente Cándido Conde-Pumpido, y por la falta de incentivos políticos que permitan desbloquear su renovación. Esta situación prolonga el mandato de los actuales miembros y condiciona el funcionamiento ordinario de la corte.

La renovación pendiente

El próximo 17 de diciembre expira el mandato de Conde-Pumpido, de la progresista María Luisa Balaguer y de los conservadores José María Macías y Ricardo Enríquez. Sin embargo, la renovación parcial de estos cargos se encuentra estancada debido a la falta de acuerdo entre PP y PSOE. Fuentes consultadas por Europa Press advierten de que el bloqueo podría alargarse, manteniendo a los magistrados actuales en funciones interinas por un periodo indeterminado.

Los cuatro magistrados en cuestión pertenecen al tercio designado por el Senado, que debe solicitar ternas de candidatos a los parlamentos autonómicos. El último movimiento del Senado se remonta a agosto, cuando el presidente Pedro Rollán recibió una carta de Conde-Pumpido que activaba el protocolo de renovación, pero desde entonces no se ha producido ninguna acción concreta.

El calendario electoral en Extremadura y otras comunidades autónomas en 2026 añade presión política, ya que los partidos pueden posponer negociaciones estratégicas hasta contar con un escenario más favorable.

Tensiones políticas y estrategias

El contexto político dificulta cualquier acuerdo. El PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, evita pactar con el Gobierno de Pedro Sánchez mientras se desarrollan investigaciones judiciales en torno a su entorno, según fuentes consultadas. Miguel Tellado, secretario general del PP, ha afirmado que “con el Ejecutivo de Sánchez no se puede negociar absolutamente nada en estos momentos”.

Por su parte, el ministro Félix Bolaños insiste en la obligación constitucional de negociar los reemplazos y emplaza al PP a fijar “día y hora” para iniciar las conversaciones. Sin embargo, la ausencia de voluntad real impide cualquier avance, ya que los populares podrían preferir esperar a un adelanto electoral para asegurarse una mayoría conservadora en el Senado y controlar la renovación del TC a su favor.

Equilibrio en la corte

Actualmente, la corte mantiene una mayoría de siete magistrados progresistas frente a cinco conservadores. La renovación prevista supondría la salida de dos progresistas y dos conservadores, lo que dejaría los bloques intactos si se sustituyen en los mismos términos. La vicepresidenta Inmaculada Montalbán podría asumir la presidencia sin alterar el equilibrio.

No obstante, un acuerdo que preserve la mayoría progresista a medio plazo no satisfaría al PP, que buscaría garantizar mayor presencia conservadora para influir en futuras decisiones. Esto también potenciaría el uso estratégico de recusaciones, como ya se observó con la ley de amnistía, cuyo control por bloques internos condicionó la toma de decisiones en la corte.

Impacto en el funcionamiento del TC

El retraso en la renovación no altera el funcionamiento cotidiano del Constitucional. Los magistrados interinos continúan desempeñando sus funciones, pero la práctica habitual limita la resolución de asuntos de gran calado, concentrándose en despachar cuestiones ordinarias. Fuentes del TC señalan que esta situación se repite cíclicamente con cada renovación parcial y que el precedente se dio durante la presidencia de Pedro González-Trevijano.

Entre los asuntos pendientes destacan los amparos de los condenados y prófugos del 1-O, incluidos Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, contra la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiarles por la malversación del ‘procés’. Estas causas podrían verse afectadas por la interinidad y el estancamiento político, generando incertidumbre sobre la resolución de casos de gran repercusión.

Perspectivas futuras

El TC enfrenta así un escenario de bloqueo prolongado, en el que la renovación de sus magistrados dependerá tanto del calendario electoral como de la estrategia política de los partidos. Mientras tanto, Conde-Pumpido y sus compañeros seguirán de manera interina, manteniendo la estabilidad formal de la corte pero condicionando decisiones estratégicas.

Las fuentes consultadas destacan que la situación evidencia la vulnerabilidad institucional ante la falta de consensos políticos y plantea un reto para la gobernabilidad judicial, que podría prolongarse meses, afectando la credibilidad y la efectividad de la corte de garantías en España.