El Tribunal de Cuentas aprueba su plan de fiscalizaciones para 2026 y 2027, que incluye 118 informes

Entre los organizamos fiscalizados figura la Casa del Rey, la CNMC, el CIS y RTVE

El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado este lunes su Programa de Fiscalizaciones para los años 2026 y 2027, que incluye la aprobación de 118 informes, la mayoría por iniciativa propia y todos con el mismo objetivo estratégico: "Contribuir a una gestión de los fondos públicos eficaz, eficiente y transparente".

El programa, que incluye 67 nuevas actuaciones que se suman a las fiscalizaciones que están actualmente en curso, contempla la previsión de aprobar el próximo año un total de 75 informes, y los otros 43 ya verán luz en 2027.

Por su origen, 17 de esos 118 informes se realizan por mandato legal y otros siete han sido propuestos por las Cortes Generales (Congreso-Senado), pero el grueso, hasta 94, son informes que el Tribunal ha decidido emprender unilateralmente.

En cuanto a los temas, 14 actuaciones están directamente relacionadas con la ejecución de las grandes políticas públicas como educación, inmigración, vivienda, la protección contra la violencia machista, la gestión de desastres naturales y la gestión relativa a la red de transportes.

INFORMES SOBRE LA GESTIÓN DE LA INMIGRACIÓN
En relación con la inmigración, se analizarán las políticas de extranjería e inmigración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las actuaciones del Ministerio del Interior en relación con la inmigración, la gestión de fronteras y la actividad de la Oficina de Asilo y Refugio para la protección de personas inmigrantes.

Respecto de la vivienda se han programado actuaciones relativas al diseño y ejecución de esta política por los órganos competentes de la Administración General del Estado, la actividad de la SAREB (Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria) o la promoción y gestión de viviendas de protección pública en las comunidades autónomas.

En el ámbito de los transportes, se analizarán las actuaciones en materia de carreteras del Estado y las actuaciones sobre la red de titularidad estatal de los administradores de infraestructuras ferroviarias.

EL BONO JOVEN
Además de lo anterior, hay que destacar otras ocho fiscalizaciones sobre políticas sociales, donde se analizarán la acción humanitaria establecida por el Gobierno, el Bono Cultural Joven, la actuación de las comunidades autónomas ante el acoso escolar, la asistencia en residencias para mayores y la atención de los municipios a las personas sin hogar.

Y un año más, el Programa Anual de 2026 vuelve a centrar el foco de atención sobre la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), previendo 12 fiscalizaciones en los ámbitos estatal y local.

Entre las novedades destacan las actuaciones sobre los centros de asistencia integral a víctimas de violencia sexual, sobre las subvenciones relativas a la teleasistencia para la protección de víctimas de violencia machista y para la inserción sociolaboral de mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, y las fiscalizaciones del Plan Integral de Impulso a la Economía Social y de las actuaciones para la rehabilitación de edificios públicos de titularidad local.

PARTIDOS Y FUNDACIONES POLÍTICAS
Las cuentas anuales del sector público y de los partidos políticos y su rendición, así como las contabilidades de procesos electorales, también constituyen un grupo numeroso, con 17 fiscalizaciones, prácticamente todas realizadas por mandato legal.

Además, como es habitual, el programa incluye 30 actuaciones sobre las principales áreas de riesgo de la gestión pública como son la contratación, las subvenciones o el personal, entre otras, donde las principales novedades se refieren al endeudamiento de la Seguridad Social con el Estado, las subvenciones al transporte aéreo, el seguimiento por medios telemáticos de las medidas en materia de violencia de género, los contratos de publicidad de determinados Ministerios y las actuaciones realizadas por la Administración General del Estado para la reparación de los daños causados por catástrofes naturales.

Finalmente, la actividad del Tribunal también se extenderá a la organización y funcionamiento del sector público estatal, autonómico y local (18 fiscalizaciones) y a la sostenibilidad ambiental, con fiscalizaciones sobre ámbitos tales como la prevención ante desastres naturales, la prevención de incendios forestales y las actuaciones para recuperar el Mar Menor.

Entre los organismos que se examinarán figura la Casa del Rey, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), RTVE, Paradores y los servicios autonómicos de atención de llamadas 112 ante situaciones de catástrofe.