El PP pide ampliar los supuestos de gastos electorales para incluir la retransmisión de actos o las comidas-mitin

También quiere que consideren como tales los destinados al avituallamiento para apoderados e interventores

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
El PP quiere que se amplíen los supuestos de gastos electorales en los que incurren los partidos políticos para que se consideren como tales los derivados de la retransmisión de actos y de las comidas o cenas organizadas con militantes a modo de mítines, entre otros.

Así lo plantea el Grupo Popular en las propuestas de resolución que ha registrado a los informes del Tribunal Cuentas relativos a las fiscalizaciones de contabilidades electorales de las generales de 2023 y de los comicios europeos de 2024.

En estos escritos, que se votarán en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas y a los que ha tenido acceso Europa Press, el PP aboga por concretar nuevos conceptos de la lista de 'gastos electorales' que contempla el artículo 130 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

Según esta norma, se consideran gastos electorales los que realicen los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones participantes en las elecciones desde el día de la convocatoria hasta el de la proclamación de electos por distintos conceptos.

LO QUE DICE LA LOREG
En concreto, los gastos destinados a la confección de sobres y papeletas electorales, a la correspondencia y franqueo, a la propaganda y publicidad directa o indirecta para promover el voto con independencia del medio que se utilice, al alquiler de locales para la celebración de actos de campaña electoral y a las remuneraciones o gratificaciones al personal contratado para la campaña, al desplazamiento de candidatos, dirigentes y personal al servicio de la candidatura.

También se incluyen los intereses de los créditos recibidos para la campaña electoral, devengados hasta la fecha de percepción de la subvención correspondiente y los gastos que sean necesarios para la organización y funcionamiento de las oficinas y servicios precisos para las elecciones.

En sus últimos informes de fiscalización de contabilidades electorales, el Tribunal de Cuentas recomienda al Gobierno que se "especifiquen en mayor medida" las categorías de los gastos electorales a los que se refiere el artículo 130 de la LOREG y ahora el PP recoge el guante y plantea sus propias propuestas para hacerlo.

ALQUILER DE ESPACIOS ILUSTRAR A INTERVENTORES
En este contexto, los 'populares' piden ampliar los supuestos de gasto electoral de manera que se consideren como tales la realización y retransmisión de actos electorales, los desplazamientos para los mismos, la organización de comidas y cenas electorales, así como el avituallamiento para interventores y apoderados o el alquiler de espacios para su atención y coordinación.

Por otro lado, el partido de Alberto Núñez Feijóo quiere que las formaciones revisen las facturas que aconsejen a las empresas que les hayan facturado un importe superior a 10.000 euros por operaciones de campaña electoral que aporten al Tribunal de Cuentas en plazo la información debida.

También el PSOE ha incluido sugerencias sobre los gastos electorales en las propuestas de resolución que ha registrado en las Cortes. En su caso, se inclina por modificar la LOREG para incluir una "regulación más específica de las categorías" de estos gastos recogida, como sugiere el tribunal, pero sin lanzar medidas concretas.

VOX PIDE UNIFICAR CRITERIOS DE FISCALIZACIÓN
Eso sí, los socialistas animan a los grupos parlamentarios a aprovechar la reforma de la LOREG que se tramita en el Congreso para proponer medidas destinadas a evitar la "falta de correspondencia que puede producirse entre el límite máximo de gasto y el importe de las subvenciones electorales a percibir".

De su lado Vox, quiere que la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas inste al Gobierno a que el cálculo de los intereses de los créditos recibidos por los partidos para las campañas y su consideración como gasto reembolsable se realice "hasta el pago de la subvención por parte de las administraciones públicas".

Además, los de Santiago Abascal también reclaman al órgano que preside Enriqueta Chicano que unifique los criterios de fiscalización entre todos los procesos electorales y tenga lista su fiscalización de contabilidades de las elecciones generales a los seis meses de su celebración.