El socio de Villarejo alega falta de pruebas que demuestren su cooperación necesaria en la investigación a un empresario

La defensa de Rafael Redondo, socio del comisario jubilado José Manuel Villarejo, ha pedido la absolución de su representado en el juicio de la Audiencia Nacional por el 'Proyecto Grass' al entender que "no hay pruebas" que demuestren que no hubo una cooperación necesaria en la comisión de los delitos de cohecho y falsedad documental de los que se le acusa.

Así se ha expresado este jueves el abogado Antonio Tapia al exponer el informe final de su representado en el juicio por el que están siendo juzgados el comisario jubilado, Redondo y el empresario Antonio Chávarri.

Chávarri, cuya mercantil Acisclo Gestión de Patrimonios entró en concurso en 2012, habría contratado ese año al comisario jubilado y a su socio presuntamente por más de 400.000 euros para buscar actuaciones ilícitas llevadas a cabo por Luis Pérez Gil, que intervenía como administrador en el procedimiento del concurso, y por Molpeceres, principal acreedor.

Tapia ha negado la comisión de esos presuntos delitos por parte de su representado, pues para que haya colaboración "es necesario" --ha dicho-- que esa actividad desarrollada sea "esencial".

El abogado ha manifestado que "no se ha practicado prueba que determine la cooperación" de su cliente con el comisario jubilado y ha criticado al fiscal por realizar "una labor de arrastre absolutamente artificial, que se limita a anudar el nombre de Rafael Redondo al nombre de José Manuel Villarejo".

El fiscal de Anticorrupción César de Rivas, en su exposición del informe final este miércoles, subrayó "la plena participación del encargo" por parte de Redondo, al haber intervenido en tres reuniones con Chávarri en las que se trató dicho encargo.

Tapia ha respondido que, en la primera de ellas, en la que se realiza la contratación, su representado "no participa". En la segunda, "lo único que hace es secundar lo que Villarejo dice", ha continuado. Y en la última, ha añadido, "lo único que dice Redondo es que tiene que hablar con Villarejo".

VILLAREJO "VENDÍA" HABER SIDO POLICÍA
Por su parte, Mauro Jordán, abogado de Chávarri, ha manifestado que, en esa primera reunión, Villarejo le dice que eran "maderos del sector privado". Precisamente, el representante del Ministerio Público acusó el miércoles al comisario jubilado de haber actuado como "policía privado" en el encargo.

"Lo que vendía era ese 'expertise'. El decir 'he sido policía, por eso somos tan buenos'. En esa labor de vender, Villarejo era muy hábil", ha precisado Jordán.

El abogado ha señalado que el comisario jubilado realizó estas manifestaciones después de que Chávarri le informara que ya había contratado a un espía privado para "saber un poco" sobre Pérez Gil. "Somos antiguos funcionarios de policía que trabajamos como análisis de información", ha declarado Jordán que respondió Villarejo.

El letrado también ha pedido la absolución de su cliente que, al igual que Villarejo y Redondo, ha renunciado a su derecho a la última palabra.

En su escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, el Ministerio Público solicita 4 años y 6 meses de prisión para Redondo por los mencionados de delitos cohecho pasivo y falsedad en documento mercantil. Chávarri, por su parte, se enfrenta a 7 años de cárcel por los mismos delitos.

Además, la Fiscalía Anticorrupción pide 12 años de cárcel para Villarejo por presuntos delitos de cohecho pasivo, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil.

La presidenta del tribunal, la magistrada Teresa Palacios, ha dejado el caso visto para sentencia.