Isabel Rodríguez no precisa si apoya la ordinalidad en la financiación de las CCAA: el debate es a qué dedican el dinero

Respalda la propuesta "valiente" de Hacienda por ser "muy necesaria" y aumentar los recursos para todas las autonomías MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, no ha aclarado si apoya o no el principio de ordinalidad que se inspira la propuesta de financiación autonómica que ha puesto encima de la mesa la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y sitúa el debate de ésta en saber a qué destinan el dinero que reciben de la caja del Estado las Comunidades Autonómas, acusando de paso que Madrid o Andalucía de pagar la sanidad privada con ello.

Así se ha pronunciado durante una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que ha sido preguntada hasta en tres ocasiones por su posición en relación con la ordinalidad en la financiación de las CCAA. El dirigente de ERC, Oriol Junqueras, tras su encuentro público con Pedro Sánchez en Moncloa para pactar la financiación autonómica, vino a decir que este principio consistía en que si una CCAA es la tercera en aportar al sistema, sea la tercera en los recursos que recibe.

Sin embargo, la ministra no ha precisado si su posición es a favor o en contra de este principio, tras ser preguntada si estaba de acuerdo con las CCAA gobernadas por el PSOE Castilla La Mancha y Asturias, que lo rechazan.

Ante la pregunta de si podría hacer una defensa desde la izquierda de ese principio de ordinalidad, la titular de Vivienda ha defendido la propuesta de financiación autonómica realizada por el Ministerio de Hacienda, calificándola de "muy necesaria". En su opinión, el Gobierno es "valiente" al haberla planteado porque se trata de un "problema complejo" en el que hay que hacer "encaje de bolillos" como los que hacen en su tierra.

"Seguramente, si preguntamos a la mayoría de los españoles qué estamos queriendo decir con este principio, no lo tienen claro. Pero si le preguntamos si es necesario dotar de más recursos a la sanidad pública, a la educación pública o a la vivienda pública, nos dirán que sí", ha expuesto.

Ha añadido además que "más allá del debate intelectual o académico" de la financiación autonómica lo que más le preocupa como socialista es a "qué se han destinado esos recursos". En su opinión, este planteamiento tiene que estar también encima de la mesa.

CRITICA QUE SE DEDIQUEN RECURSOS A PRIVATIZAR LA SANIDAD
"Lo que no se puede tolerar es que en un momento donde se han puesto más recursos que nunca encima de la mesa para políticas sanitarias o políticas educativas, entraban de la caja de la Administración General del Estado a las comunidades autónomas y salían en forma de beneficios fiscales a los más poderosos o en forma de beneficios a grandes corporaciones, en este caso sanitarias o de privatización de la sanidad", ha argumentado.

Por ello, ha planteado que su interés es que se garanticen los servicios básicos y el estado del bienestar en todas las CCAA y cree que con los 21.000 millones que se han puesto encima de la mesa se incrementan los recursos para todas las autonomías.

La ministra tampoco se ha aclarar si este sistema de financiación se debe enviar al Parlamento tal y como está a pesar del rechazo mayoritario con el que cuenta por parte de las CCAA, ya que lo rechazan todas las autonomías gobernadas por el PP, Casilla La Mancha y Asturias, gobernadas por el PSOE, y solo cuenta con el respaldo de Cataluña.

En su opinión, hay que esperar a que se produzca la reunión prevista para hoy del Consejo de Política Fiscal y Financiera donde se expondrá la propuesta a las distintas autonomías del régimen común. Pero también ha pedido que el PP presente su propuesta alegando que hasta ahora sólo lo ha hecho el Gobierno.

En cualquier caso, ha señalado que el acuerdo tiene que pasar por el Parlamento porque cree que también tiene que atender a la diversidad que los españoles han reflejado en la representación parlamentaria.

Isabel Rodríguez considera que este es un momento "trascendental" de toda la "arquitectura constitucional" que se ha construido en los últimos 45 años y ha culpado a Vox y al PP de querer desmantelar el estado del bienestar.