La Generalitat Valenciana destaca que "no tiene ninguna relación" con la adjudicación de las VPP de Alicante

Dice que se va a realizar un segundo análisis de la información aportada por los compradores de Les Naus de Alicante

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha subrayado que la Generalitat "no tiene ninguna relación con la adjudicación de las viviendas Las Naus de Alicante, ya que estas viviendas son adjudicadas por la promotora, en este caso por la cooperativa, y simplemente al ser viviendas de protección pública, esta solicita a la Dirección Territorial de Vivienda la confirmación de que los compradores cumplen con los requisitos para acceder a una vivienda de protección pública establecida en el decreto".

Así lo ha asegurado Camarero, después de que la concejala de Urbanismo y Conservación de inmuebles del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, anunciara ayer su dimisión a raíz de la polémica sobre el proceso de adjudicación de una promoción de vivienda de protección pública en Playa de San Juan. La edil aseguró que da este paso para que la investigación "pueda seguir su curso sin interferencias de ningún tipo, después de haber aportado toda la documentación que le ha sido requerida, y dado que está de baja por maternidad".

Esta fue la segunda renuncia relacionada con estos hechos, ya que también este viernes se conoció que la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos en el consistorio alicantino, María Pérez-Hickman, también dimitió tras los hechos.

El procedimiento de adjudicación de una VPP está regido por la normativa aplicable a cada tipología de vivienda en el momento de la adjudicación o calificación. En concreto, existen dos tipos de vivienda: la vivienda de promoción pública que forma parte del parque público de la Generalitat y que gestiona la entidad pública de vivienda Evha y se rige por el decreto de vivienda pública 68/2023, de 12 de mayo, que establece en su Artículo 37 los Requisitos para la adjudicación. Estas viviendas son las llamadas "viviendas sociales" que gestiona la administración y se adjudican a personas que cumplen los requisitos establecidos en el decreto, "y que son más exigentes que los exigidos para una VPP privada, dado que busca dar solución habitacional a las personas más vulnerables", señalan desde la Conselleria de Vivienda.

Por otro lado, las viviendas de promoción privada, que son las promovidas por empresas o cooperativas, se rigen en la actualidad por el decreto 180/2024, de 10 de diciembre. Estas viviendas están dirigidas a cualquier persona que cumpla los requisitos establecidos en el decreto, y es el promotor el encargado de construir y comercializar las viviendas. En el caso de las VPP de protección privada, "la administración se ocupa de verificar que la edificación cumple con los parámetros de VPP, así como confirmar que los adquirientes de las viviendas cumplen con todos los requisitos establecidos en el decreto en vigor en el momento de la calificación de la promoción".

Así, la dirección territorial de la Coselleria de Vivienda ha sido la encargada de comprobar el cumplimiento de los requisitos de todos los adquirientes, por un procedimiento que pasa, en primera instancia, por los técnicos del Servicio Territorial y tras su comprobación, es visado por el Director Territorial.

El Secretario Territorial Adjunto de Vivienda ha emitido un informe "en el que hace constar que todas las personas que han accedido a las viviendas de esta promoción cumplen con la totalidad de los requisitos de acceso que establece la normativa, tanto los requisitos de ingresos como el no contar con otra propiedad", ha detallado Camarero.

"No obstante y, tras la información conocida en los últimos días, se va a realizar un segundo análisis de la información aportada por los compradores para verificar que es verídica y para ello se van a revisar todos y cada uno de los expedientes para hacer esa comprobación de que los datos aportados en su momento son correctos", ha comentado.