Interior respalda la regularización de migrantes y descarta fraudes tras detectar más denuncias por pérdida de pasaporte

El Ministerio del Interior ha respaldado este jueves la regularización extraordinaria de migrantes y ha descartado que pueda conllevar un fraude generalizado, tras constatar la Policía Nacional un aumento de las denuncias relacionadas con la supuesta pérdida de pasaportes de personas extranjeras que pueden acogerse a este proceso.

"La Policía y el conjunto de las instituciones del Estado saben trabajar muy claramente para eludir cualquier fraude", ha sostenido desde Valencia el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al ser preguntado por el oficio de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía.

El titular del Interior ha mostrado de esta forma su respaldo al proceso de regularización de extranjeros pese a las críticas de algunos sectores policiales después de que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras reconociera en un oficio que había aumentado un 60% las denuncias relacionadas con la supuesta pérdida del pasaporte, en algunos casos de personas con antecedentes penales y policiales.

Fuentes del Ministerio del Interior consultadas por Europa Press han subrayado que el proceso de regularización se llevará a cabo con "plenas garantías" y que, en cualquier caso, la normativa que acompañará al real decreto extremará la vigilancia para evitar posibles fraudes a la hora de acreditar los requisitos fijados por el Gobierno: carecer de antecedentes penales y demostrar la residencia en España de al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025.

El oficio de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía fechado el 10 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, recomienda a los funcionarios policiales que realizan estos trámites que, ante la denuncia por pérdida del pasaporte, procedan a una "identificación plena", incluyendo una comprobación de la situación administrativa en España.

SUBEN LAS DENUNCIAS UN 60%
La Policía advierte de que "este tipo de denuncias ha experimentado un incremento de aproximadamente el 60%" entre el 15 de enero y el 6 de febrero de 2026 con respecto al mismo periodo del año anterior.

En este sentido, precisa que las nacionalidades "de mayor incidencia" son por este orden: pakistaní, con un aumento del 866,67%; argelina, con un 356,25%; marroquí, que aumenta un 114% y colombiana, con un 39%. El documento no detalla las cifras absolutas, sólo el incremento porcentual.

"Con motivo de la publicación el pasado 22 de enero de la noticia sobre un nuevo proceso de regularización de inmigrantes que se encontraran en nuestro país en situación irregular a fecha 31 de diciembre de 2025, se ha tenido conocimiento de un aumento significativo de denuncias en las ODAC (Oficinas de Denuncias y Atención al Ciudadano) por extravío/pérdida o sustracción de documentación (principalmente pasaporte), por parte de ciudadanos extranjeros completamente indocumentados", ha indicado la Policía Nacional.

El documento es un oficio que lleva por título "difusión de alerta y criterio básico de actuación policial, relacionados con el aumento de denuncias por extravío/pérdida o sustracción de documentación por parte de ciudadanos extranjeros indocumentados".

En declaraciones a la prensa en Valencia, el ministro Fernando Grande-Marlaska ha reconocido que la Policía ha detectado este problema, pero se ha mostrado confiado en que las instituciones impedirán cualquier fraude.

"Lo único que puedo decir es que el real decreto es un compromiso de este Gobierno con las personas que han venido aquí con una voluntad firme de trabajar y de ayudar a que este país siga creciendo, pero se realizará conforme a la disposición normativa aprobada y con todas las garantías", ha dicho.

ANTECEDENTES Y FALSIFICACIÓN DE IDENTIDAD
La información con la que cuenta la Comisaría General de Extranjería y Fronteras apunta a que, en el marco de un eventual proceso extraordinario de regularización, se podría estar recurriendo a la práctica de alegar una pérdida del pasaporte "buscando una manera de acreditar la presencia en territorio español en el periodo comprendido por el proceso de regularización extraordinaria".

Desde la Policía añaden que la actuación de alguna plantilla policial, procediendo a una identificación plena del extranjero en estas circunstancias, ha permitido comprobar que en muchos casos existían "antecedentes penales y/o policiales en España y/o en otros países".

También se ha detectado falsificaciones al recurrir a "otras identidades diferentes de la denunciada", así como "resoluciones administrativas en materia de Extranjería aún en vigor".

Por este motivo, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha recomendado que cuando un ciudadano extranjero indocumentado se persone en una oficina ODAC o Comisaría de Policía al objeto de denunciar el extravío, pérdida o sustracción de su pasaporte o cédula de identidad "se proceda a una identificación plena del mismo y a la comprobación de su situación administrativa en España", todo esto sin perjuicio de recibir la oportuna denuncia.

El pasado 27 de enero, el Consejo de Ministros autorizó la tramitación urgente de un real decreto para llevar a cabo un proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya se encuentran en España.

El objetivo, según el Ejecutivo, es ofrecer a ese colectivo la oportunidad "de vivir con igualdad de derechos", así como responder a "una realidad que existe en nuestras calles y tiene impacto en la convivencia, el bienestar y la economía".

El proceso se dirige a las personas extranjeras que llevaran al menos cinco meses en España antes del 31 de diciembre del año 2025. También podrán acogerse a la regularización los solicitantes de protección internacional que hubieran presentado la solicitud antes de esa misma fecha. Otro requisito indispensable es carecer de antecedentes penales.

Varios sindicatos de la Policía Nacional reaccionaron al anuncio de regularización de migrantes mostrando su discrepancia con lo que relacionan con una medida impulsada por "cálculo político", ya que, denunciaron, se va a llevar a cabo "sin medios de refuerzo y poniendo en riesgo la seguridad".

En este sentido, las organizaciones sindicales alertaron del "efecto llamada" y de que podría generar el "fraude del pasaporte perdido", además de suponer un "balón de oxígeno para las mafias dedicadas al tráfico y trata de seres humanos".