Podemos pide en el Congreso que las denuncias por violencia sexual en el Ejército pasen a la justicia ordinaria

Plantea una gran reforma del protocolo de acoso, una auditoría independiente reconocer a la víctima como parte en el procedimiento

Podemos ha registrado en el Congreso una proposición no de ley sobre violencia sexual en las Fuerzas Armadas, en la que insta al Gobierno a realizar una auditoría independiente y externa sobre los casos de acoso sexual y por razones de género en los últimos diez años y a derivar obligatoriamente a la jurisdicción penal ordinaria todas las denuncias por violencia sexual en el ámbito militar.

La iniciativa, presentada para su debate al Pleno, plantea realizar una auditoría que analice denuncias, procedimientos, resoluciones y medidas adoptadas, garantizando la participación de organismos civiles feministas especializados en igualdad y derechos humanos.

Asimismo, propone que todas las denuncias por violencia sexual en el ámbito militar sean investigadas y juzgadas por la jurisdicción penal ordinaria, evitando que estos hechos sean tramitados dentro de la jurisdicción militar o por órganos dependientes de la cadena de mando.

El texto, recogido por Europa Press, también solicita modificar "de manera inmediata y en profundidad" el protocolo frente al acoso en las Fuerzas Armadas para garantizar la protección efectiva de las víctimas, la seguridad jurídica y la !erradicación de la impunidad".

Entre las medidas que propone figuran evitar el uso abusivo de las informaciones previas como mecanismo dilatorio, establecer plazos máximos de tramitación, garantizar la anonimización de los datos personales de la denunciante desde el primer momento y prohibir expresamente la entrega del formulario de denuncia al presunto acosador.

Asimismo, Podemos plantea regular el momento en que pueda entregarse el texto de la denuncia al expedientado, garantizar la confidencialidad absoluta de las actuaciones y adecuar el protocolo a la normativa de protección de datos personales y a la directiva europea, reconocer a la víctima la condición de parte en el procedimiento sancionador y designar un asesor o asesora confidencial independiente que la acompañe durante todo el proceso.

La proposición también insta a reformar en profundidad la actual Unidad de Protección frente al Acoso, creando una unidad independiente de la jerarquía militar, integrada por personal civil con perspectiva feminista y especializado en igualdad y derechos humanos; garantizar medidas de protección y reparación para víctimas; implantar formación obligatoria y evaluable en igualdad y prevención de violencias machistas para todo el personal militar; y elaborar y publicar un informe anual desagregado sobre denuncias, investigaciones y resoluciones relativas al acoso sexual o por razones de género en las Fuerzas Armadas.

265 DEMANDAS DESDE LA APROBACIÓN DEL PROTOCOLO
En la exposición de motivos, la PNL señala que entre 2016 y 2023 se registraron 265 demandas tras la entrada en vigor del protocolo de actuación ante el acoso elaborado por el Ministerio de Defensa, de las que el 16% (43) supusieron condena o sanción y el 60% (160) fueron archivadas. Añade que en 2023 se alcanzaron 46 procedimientos abiertos y que, a 1 de enero de 2024, ninguna de estas denuncias había acabado en una condena o sanción.

La iniciativa sostiene que el acoso sexual y por razones de género en las Fuerzas Armadas es una forma de "violencia machista" agravada por la estructura jerárquica y que las denuncias quedan clasificadas como documentos reservados al amparo de la Ley sobre secretos oficiales, además de señalar que la mujer denunciante "!no es parte en el procedimiento disciplinario" y que la resolución dictada es "irrecurrible".

Según la formación morada, esta situación vulnera principios como la tutela judicial efectiva, la igualdad ante la ley "y el derecho de las mujeres a vivir libres de violencias machistas".