El espejismo roto: 30 años de la impunidad reciclada del PP

Este lunes, 4 de mayo, se cumplen treinta años de la investidura de José María Aznar. Tres décadas que la derecha política, aglutinada en torno a la Fundación FAES, pretende celebrar como el amanecer de la "España moderna". Bajo el lema "España fue bien y volverá a ir bien", se nos invita a la nostalgia por una era de superávits, privatizaciones y entrada en el euro. Sin embargo, mirar atrás con la perspectiva que otorga el tiempo —y, sobre todo, las sentencias judiciales firmes— revela una verdad incómoda: aquel supuesto paraíso de eficiencia no era más que un castillo de naipes construido sobre la opacidad, el amiguismo y una corrupción sistémica. Y lo más alarmante es que, lejos de haber aprendido la lección, el Partido Popular actual ha optado por reciclar esa misma cultura de impunidad, blindando a sus nuevos implicados mientras celebra su pasado.

El relato oficial nos vende la imagen de un estadista prudente. La realidad fue muy distinta. Los acuerdos con el PNV, CiU y Coalición Canaria no fueron ejercicios de statesmanship, sino transacciones clientelares que mercantilizaron el Estado. A cambio de votos, se cedieron competencias clave y recursos fiscales sin los mecanismos de control adecuados, creando feudos donde la lealtad al partido primaba sobre el interés general. Aquella arquitectura de poder normalizó la idea de que lo público es negociable en privado, sembrando la semilla de una cultura política donde la transparencia era vista como un obstáculo, no como una virtud.

Pero si los pactos fueron el cimiento, la economía fue el escaparate. Es innegable que España creció y entró en el euro. Pero ese crecimiento tuvo un precio moral devastador. Las privatizaciones de Telefónica, Repsol o Endesa se ejecutaron con una prisa sospechosa, beneficiando a grupos financieros cercanos al poder y estableciendo la peligrosa norma de las "puertas giratorias". Rodrigo Rato, el arquitecto de aquel milagro, es el símbolo perfecto de esta decadencia: de ministro de Economía a director del FMI, y de ahí a la cárcel por las "tarjetas black" de Bankia. Su frase "Esto no es un saqueo, es el mercado, amigo" no es solo una defensa legal; es la confesión de una élite que confundió la gestión pública con el enriquecimiento privado.

La segunda legislatura de Aznar exacerbó estos vicios hasta romper el contrato social. La alineación incondicional con George W. Bush en la Guerra de Irak mostró un desprecio autoritario por la opinión pública. Pero fue la gestión del 11-M lo que destapó la naturaleza más oscura del régimen aznarista. Lejos de buscar la verdad, el Gobierno utilizó la tragedia como arma electoral, manipulando la información para culpar a ETA cuando las pruebas apuntaban al islamismo radical. Mantener las elecciones tres días después no fue un acto de valentía democrática, como insiste Aznar hoy, sino una apuesta cínica para capitalizar el miedo antes de que la realidad emergiera. Esa mentira original dejó una herida de desconfianza que aún supura.

Lo más grave, sin embargo, no es solo el pasado, sino la continuidad del presente. De los 14 ministros de aquel primer gobierno, casi la mitad han pasado por los juzgados. Mariano Rajoy, con su mochila de la "caja B" y el espionaje ilegal del caso Kitchen; Jaume Matas, condenado por el escándalo Palma Arena; Cristóbal Montoro, investigado por tráfico de influencias. No son manzanas podridas; es el árbol entero. Esta coincidencia estadística revela un sistema donde la corrupción era el engranaje secreto que mantenía la maquinaria del partido.

 Celebrar el legado de Aznar hoy no es un acto de memoria histórica, sino de complicidad presente: se aplaude al arquitecto mientras se protege a los albañiles que siguen levantando muros de opacidad.

Y aquí radica la mayor traición a la democracia: la respuesta del PP actual. Lejos de ejercer una autocrítica profunda o depurar responsabilidades políticas, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo ha adoptado una estrategia de negación, victimización y blindaje sistemático. Hoy, mientras celebran el legado de Aznar, vemos cómo la estructura de protección sigue intacta. El PP actual no solo se niega a dimitir o a apartar a sus cargos investigados, sino que utiliza su influencia mediática e institucional para atacar a los jueces y a la prensa cuando estas investigaciones tocan puertas sensibles

 La narrativa de la "persecución política" ha sustituido a la rendición de cuentas. Cuando la justicia avanza, el partido se cierra filas, protegiendo a sus cuadros con una solidaridad corporativa que recuerda peligrosamente a la época de Bárcenas. No hay nueva ética; hay una vieja costumbre de creer que el poder está por encima de la ley. Alberto Núñez Feijóo ha optado por la estrategia del avestruz: enterrar la cabeza bajo la alfombra de los expedientes judiciales, esperando que la verdad deje de existir por falta de oxígeno mediático.

Hoy, cuando FAES clama que "España volverá a ir bien", lo hace desde una arrogancia histórica que ignora las causas profundas de nuestra crisis de confianza. No podemos volver a "ir bien" si seguimos operando bajo la lógica aznarista de que el fin justifica los medios. La eficiencia sin ética es tiranía; el crecimiento sin justicia es estafa. Y un partido que celebra su pasado corrupto mientras protege a sus presentes implicados no ofrece futuro, ofrece repetición.

El verdadero legado de Aznar no es el euro, sino la destrucción de la inocencia 

institucional. Nos enseñó que el poder puede mentir, que la justicia puede ser lenta y parcial, y que la ética pública es opcional para quienes tienen contactos. Celebrar este aniversario como un triunfo es un insulto a la inteligencia colectiva y a las víctimas de aquellas tramas, tanto las de ayer como las de hoy.

Si queremos que España vaya bien de verdad, debemos hacer lo que la derecha nunca ha hecho: asumir la responsabilidad política y moral. No basta con condenar a los corruptos del pasado; hay que exigir que el PP actual rompa definitivamente con esa cultura. Hay que blindar las instituciones contra el amiguismo, prohibir definitivamente las puertas giratorias y exigir una transparencia radical. Solo reconociendo que aquel "España va bien" era, en gran medida, un "España va bien para ellos", y que el silencio cómplice del PP actual perpetúa ese modelo, podremos empezar a construir una democracia donde el bienestar sea real, compartido y, sobre todo, honesto.

 Mientras no hagamos esta autopsia crítica, seguiremos viviendo en el espejismo roto de una modernidad falsa, condenados a repetir los errores de quienes creen que la impunidad es un derecho adquirido. Mientras el PP siga mirando hacia atrás con nostalgia en lugar de mirar hacia dentro con vergüenza, España no podrá decir que va bien; solo podrá decir que aguanta.