IU exige reforzar la ley para blindar la retirada de títulos franquistas que están frenando los tribunales

Denuncia que una "interpretación restrictiva" del alcance de la ley obligue a devolver honores retirados por "instituciones democráticas"

Izquierda Unida quiere que se refuerce la Ley de Memoria Democrática para blindar la retirada de títulos y honores concedidos por el franquismo a sus correligionarios después de que se hayan dictado varias resoluciones judiciales contrarias a la revocación de estas distinciones.

Así, ha sucedido, según recogen en la iniciativa que han registrado para su debate en la Comisión Constitucional del Congreso, en los casos del escritor José María Pemán y el exministro franquista José Utrera Molina.

El Ayuntamiento de Cádiz quitó al primero el título de hijo predilecto que le había concedido en 1955 pero ahora el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado esa decisión con el argumento de que Pemán obtuvo esa distinción por su obra literaria, es decir, por "méritos completamente ajenos" a la exaltación del régimen.

Por su parte, el Tribunal Supremo ha ratificado otra sentencia del (TSJA) que declaraba nula la resolución de la Diputación de Sevilla de retirar Utrera Molina la Medalla de Oro de la provincia que se le había concedido 1969. Los dos tribunales han convenido que no estaba suficientemente motivado que la concesión de la Medalla de Oro a Utrera Molina fuera por su "participación activa" en el régimen franquista.

Izquierda Unida considera que con estas "interpretaciones restrictivas" del alcance de la Ley de Memoria Democrática, los tribunales están "priorizando la validez de actos administrativos dictados en el marco institucional del franquismo en detrimento de decisiones adoptadas por corporaciones democráticas".

LA MEMORIA, "REHÉN DE TECNICISMOS FRANQUISTAS"
Se trata, a su juicio, de una "interpretación estrictamente formal de los acuerdos de concesión" que abre una "preocupante brecha entre el espíritu reparador de la memoria democrática y su aplicación real", pues desvincula los honores concedidos "de la trayectoria objetiva de quienes los recibieron", obviando "su papel central en la consolidación, legitimación y violencia institucional de la dictadura".

"Estas resoluciones se apoyan en la literalidad administrativa de los acuerdos originales de concesión de dichos honores, exigiendo que conste de manera expresa que fueron otorgados 'por méritos franquistas', ignorando el contexto histórico en el que se produjeron y la trayectoria objetiva de las personas homenajeadas", argumentan los diputados de IU.

Según su tesis, así no sólo se vacía de contenido "el espíritu reparador de la ley", sino que se introduce una "peligrosa lógica según la cual bastaría con que un reconocimiento se formulara en términos genéricos, 'por méritos culturales, su aportación a la ciudad o por su calidad humana', para quedar blindado frente a cualquier revisión democrática posterior".

INSEGURIDAD JURÍDICA
De este modo, la memoria democrática se convierte en "rehén de los tecnicismos administrativos del franquismo y la Transición" y se "perpetúa la presencia simbólica de la dictadura en el espacio público" y todo ello provocando una "profunda inseguridad jurídica" para las entidades locales o provinciales que ven cómo decisiones adoptadas en cumplimiento de la ley pueden ser anuladas, "generando un efecto disuasorio que frena la aplicación efectiva de la norma".

Por todo ello, IU busca que el Congreso inste al Gobierno a actuar en coordinación con las administraciones competentes para cambiar la Ley de Memoria con el fin de que recoja expresamente que la participación activa en el golpe de Estado de 1936, en la dictadura o sus estructuras de poder político, militar, judicial, represivo o de legitimación ideológica "hace incompatible el mantenimiento de cualquier honor, distinción o reconocimiento público, con independencia de los motivos formales que consten en su concesión".

También demandan que se introduzca una "presunción legal de ilegitimidad" de los honores y distinciones concedidos a personas que desempeñaron cargos de responsabilidad, colaboración relevante o participación activa en el régimen franquista, "de modo que prevalezca el principio de incompatibilidad democrática sobre interpretaciones meramente formales o administrativas".

Asimismo, plantean que la Fiscalía de Sala de Memoria Democrática pueda intervenir en los procedimientos judiciales en los que se discuta la aplicación de la normativa de memoria, que se activen "mecanismos de protección jurídica" para las administraciones que aprueben la retirada de estas distinciones y que el movimiento memorialista participen en los procesos de revisión de estos títulos.