Montero valora que el Gobierno "reconoce" la deuda con Caparrós, "hace justicia y honra" su memoria

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha valorado que, en su reunión de este martes, 3 de marzo, el Consejo de Ministros ha reconocido la "deuda" existente con Manuel José García Caparrós, el joven muerto de un disparo de la Policía armada cuando participaba en la manifestación por la autonomía andaluza del 4 de diciembre de 1977 en Málaga, "hace justicia y honra" su memoria.

Así lo ha subrayado la vicepresidenta primera en un comentario en su cuenta en la red social 'X' al hilo de la aprobación, en el Consejo de Ministros, de un real decreto-ley que, según ha explicado la ministra portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior, modifica la Ley de Memoria Democrática, "sobre el reconocimiento a personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la democracia".

Según ha explicado la portavoz del Gobierno, "este texto viene a ampliar el marco temporal previsto inicialmente en la ley que reconocía estas indemnizaciones a personas entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1977, hasta la entrada en vigor de la Constitución, el 29 de diciembre de 1978".

"De esta manera esperamos ampliar el efecto reparador de esta medida", según ha explicado Elma Saiz, que ha concretado igualmente que el plazo para presentar las solicitudes "será de un año, prorrogable por otro más por acuerdo del Consejo de Ministros".

María Jesús Montero, por su parte, ha subrayado que "Manuel José García Caparrós tenía 18 años cuando fue asesinado en defensa de la democracia y de la autonomía de Andalucía", y ha destacado que, este martes, "el Consejo de Ministros hace justicia y honra su memoria".

En un vídeo que ha compartido desde la misma red social, la también candidata socialista a la Junta de Andalucía en las próximas elecciones autonómicas ha puesto de relieve que fue "por la bandera andaluza" por la que "murió Manuel José García Caparrós un 4 de diciembre de 1977".

Montero ha añadido que, "desde entonces, sus hermanas luchan por su memoria y reclaman una reparación que es de justicia", y ha incidido en valorar que, "hoy, el Consejo de Ministros reconoce esta deuda". "García Caparrós estará siempre en nuestra memoria y en nuestro corazón", ha añadido para concluir su comentario.

TRAS LA DENEGACIÓN DE LA CONSIDERACIÓN COMO VÍCTIMA DEL TERRORISMO
La semana pasada, la vicepresidenta explicó a preguntas de los periodistas en una atención a medios en Sevilla que había podido hablar con la familia de Manuel José García Caparrós después de que el Ministerio del Interior denegara su solicitud para que dicho joven fuera declarado como víctima del terrorismo.

En una atención a medios en la Delegación del Gobierno en Andalucía, en Sevilla, antes de presidir junto al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, una reunión con organizaciones agrarias, María Jesús Montero se pronunció así a preguntas de los periodistas después de que se conociera la carta que desde el Ministerio del Interior le había llegado a la familia de García Caparrós denegando la condición de víctima del terrorismo para él, al considerar que no tiene encaje en la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral de Víctimas del Terrorismo.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda explicó que tuvo "ocasión de hablar con la familia ese mismo día", por lo que pudo trasladarle "con claridad cuál era la pretensión del Gobierno de España", y al respecto señaló que cree que "hemos encontrado la fórmula más adecuada para dar una respuesta justa, necesaria", e incluso diría que "obligatoria al reconocimiento y a la dignidad de la figura de José Manuel García Caparrós".

Montero indicó que "la familia se dirigió hacia la dirección general encargada de las víctimas del terrorismo, y lo que hubo fue una respuesta técnica de los funcionarios que se encargan de estas tareas en la que lo que trasladaron era que su figura no se correspondía con lo que legalmente se marca como 'víctima del terrorismo', que era más parecido a lo que viene a ser víctima de la memoria histórica o de la memoria democrática, dependiendo de cómo se les llame".

Ante ello, avanzó que lo que va a hacer el Gobierno es "impulsar un decreto-ley con carácter urgente que permita recuperar las indemnizaciones en la Ley de Memoria Democrática que existían antes de la nueva ley y que, además, se asimilarán a las que las que se dan a las víctimas del terrorismo".

INICIATIVA DEL CONSEJO DE MINISTROS
En concreto, según ha detallado en una nota el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, lo que ha aprobado el Consejo de Ministros este martes ha sido un Real Decreto-ley que modifica la Ley de Memoria Democrática para "garantizar el reconocimiento y reparación por parte del Estado a favor de las personas fallecidas o con lesiones incapacitantes en defensa y reivindicación de la democracia durante el periodo del 1 de enero de 1968 y 29 de diciembre de 1978".

También se persigue con esta iniciativa "el desarrollo de medidas orientadas a la restitución, rehabilitación y satisfacción de los derechos de las víctimas y en las reivindicaciones de sus familias".

La modificación actualiza la normativa "para la efectividad de los derechos de las víctimas y sus familias", incluyendo "el derecho a una indemnización a las personas beneficiarias de quienes fallecieron en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos y de quienes hubiesen sufrido lesiones incapacitantes".

Desde el Gobierno justifican esta reforma legal "en el deber de la sociedad española de memoria con las personas que perseguidas, encarceladas, torturadas y que incluso perdieron sus bienes y hasta su propia vida en defensa de la democracia y la libertad".

La modificación de la Ley de Memoria Democrática amplía el reconocimiento de la Ley de Memoria Histórica de 2007, que ya previó el derecho a una indemnización para las personas que perdieron la vida en defensa de la democracia.

El periodo anterior, que iba del 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1977, se amplía ahora un año, con el Real Decreto-ley aprobado este martes y que tendrá que ser convalidado en el Congreso, hasta la entrada en vigor de la Constitución Española, el 29 de diciembre de 1978.

RECONOCIMIENTO E INDEMNIZACIONES
El Real Decreto-ley, que se concreta en un artículo único y seis disposiciones finales, establece el "Reconocimiento a favor de personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa y reivindicación de la Democracia", y recoge el derecho a una indemnización, por cuantía de 250.000 euros, a las personas beneficiarias de quienes fallecieron en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos entre el 1 de enero de 1968 y el 29 de diciembre de 1978, "en atención a las circunstancias excepcionales que concurrieron en su muerte".

Se establecen, asimismo, condiciones para el derecho a la indemnización, entre las que destaca "la imposibilidad de recibirlas quienes hayan pertenecido o pertenezcan a bandas o grupos armados terroristas".

Se incluyen como perceptores hijos y cónyuge o quienes hubieran convivido con la persona fallecida con análoga relación de afectividad y subsidiariamente, si no existieran los anteriores, los padres, los nietos, los hermanos de la persona fallecida y los hijos de la persona, siempre que, por los mismos hechos, no se haya recibido ya indemnización, sin perjuicio de las correspondientes actualizaciones.

Se abre también la posibilidad de concesión de indemnizaciones extraordinarias en favor de quienes hubiesen sufrido lesiones incapacitantes, actualizándose las cuantías a 180.000 euros en el caso de incapacidad permanente absoluta, y a 500.000 euros en caso de gran invalidez.