IU pide al Gobierno ampliar hasta 1983 el reconocimiento de víctimas de la represión franquista

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha lamentado que el reconocimiento del derecho a indemnización a la familia del sindicalista malagueño Manuel Jesús García Caparrós --fallecido el 4 de diciembre de 1977 por un disparo de la Policía durante una manifestación por la autonomía plena de Andalucía-- "llega tarde" y ha pedido al Gobierno ampliar el espacio temporal para el reconocimiento de víctimas de la represión franquista hasta el año 1983.

Maíllo se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, el mismo día en que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica la ampliación de indemnizaciones aprobada por el Gobierno para las personas fallecidas o con lesiones incapacitantes "por su actividad en defensa y reivindicación de la Democracia" entre el 1 de enero de 1968 y el 29 de diciembre de 1978, lo que permite incluir como beneficiario a García Caparrós.

"Es una buena noticia porque IU lleva muchos años acompañando a la familia García Caparrós en la búsqueda del reconocimiento como víctima de terrorismo de Estado, pero viene tarde y precisamente tras el error del Ministerio del Interior desestimando esa condición", ha asegurado el líder federal de IU, que ha advertido de que la modificación normativa aprobada por el Consejo de Ministros "se queda corta".

En este sentido, Maíllo ha defendido que el reconocimiento no se limite a la figura de García Caparrós, sino también "a la de otros que fueron asesinados vilmente con una fecha posterior a la que establece la norma, que se queda corta en el final de 1978". En concreto, IU propone que el cambio legal extienda el plazo hasta el 1 de enero de 1983 para incluir a los jóvenes del 'caso Almería' "asesinados vilmente por agentes de la Guardia Civil y que tienen que ser reconocidos también como víctimas de terrorismo de Estado".

La disposición adicional propuesta por el Gobierno para modificar la Ley 20/2022 de Memoria Democrática extiende la compensación que antes solo alcanzaba a quienes hubiesen perdido la vida entre 1968 y 1977 hasta el 29 de diciembre de 1978. También aumenta la cuantía, que la Ley 52/2007 cifró en 135.286,50 euros por fallecimiento y ahora alcanza los 250.000 euros.

Asimismo, el montante por incapacidad se eleva en la reforma aprobada por el Ejecutivo. Se incrementa de 90.191 euros a 180.000 por "incapacidad permanente absoluta" y de 135.286,50 euros hasta los 500.000 euros por "gran incapacidad". Los afectados que ya percibieran una indemnización en base a la normativa de 2007, podrán solicitar la diferencia.

El dinero está exento de tributación por IRPF y se abonará "directamente a las propias personas" en caso de lesiones y a los hijos y el cónyuge en supuestos de fallecimiento. En caso de que no existieran, la percibirán --en orden excluyente-- los padres, los nietos, los hermanos y los hijos de la persona conviviente.