Más de 140 jueces denuncian la paralización de la especialización en violencia sobre la mujer desde 2018

La persistente falta de aplicación efectiva de la Ley Orgánica 5/2018 evidencia que, casi siete años después de su aprobación, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer enfrentan obstáculos estructurales que dificultan la profesionalización y el reconocimiento del trabajo especializado en la protección de víctimas.

La ley que prometía transformar la justicia

La Ley Orgánica 5/2018 representaba un hito en el compromiso institucional contra la violencia de género, al establecer un marco para que los jueces y juezas pudieran acreditar su especialización mediante pruebas selectivas y así acceder de manera preferente a plazas en órganos especializados, particularmente en las secciones de las audiencias provinciales. Esta medida buscaba garantizar que las víctimas fueran atendidas por profesionales con formación específica, capaz de comprender la complejidad de los casos y proteger sus derechos con eficacia.

Sin embargo, más de 140 jueces y juezas han denunciado que, siete años después, estos procesos “no se han desarrollado” y que los artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial que debían consolidar la preferencia tampoco se han reformado. Para estos profesionales, la ley ha quedado reducida a un papel sin aplicación real, dejando a muchas mujeres sin la garantía de recibir justicia especializada.

La resolución que limita oportunidades

El grupo de magistrados vincula el estancamiento a una resolución del Tribunal Supremo de 2020 que considera los Juzgados de Violencia sobre la Mujer como órganos mixtos. Esta clasificación ha tenido efectos negativos en la antigüedad, los méritos y las posibilidades de promoción de quienes trabajan en estos juzgados. “Se nos priva de opciones que deberían ser naturales para nuestra carrera profesional”, subrayan varios de los firmantes, quienes consideran que la medida desincentiva a los jueces a especializarse en violencia de género.

Este escenario genera una paradoja: mientras los concursos para cubrir plazas en secciones especializadas continúan celebrándose y pueden ser ocupadas por magistrados sin experiencia específica, la atención experta a víctimas de violencia de género sigue sin priorizarse, socavando el derecho de las mujeres a una justicia realmente especializada.

Comparativa con otras especializaciones

El retraso en la implementación de la especialización en violencia de género contrasta con la rapidez en la puesta en marcha de la formación en violencia contra la infancia y la adolescencia, establecida por la Ley Orgánica 1/2025, que sí cumple con los plazos previstos. Esta disparidad evidencia que, pese a la gravedad de los casos y la prioridad social que debería recibir la violencia contra las mujeres, las políticas judiciales no siempre reflejan un compromiso efectivo con la igualdad y la protección integral de las víctimas adultas.

Voces expertas y perspectivas feministas

Para la abogada y defensora de derechos de las mujeres, Ana María Jiménez, “la especialización en violencia de género no es un lujo, es una obligación ética y social. Cada año que pasa sin que los jueces puedan acreditarla, es un año en que la justicia falla a quienes más la necesitan”.

Asimismo, organizaciones feministas y observatorios contra la violencia machista alertan que la ausencia de profesionales especializados contribuye a la revictimización y al aumento de la desconfianza en el sistema judicial. “La lucha contra la violencia de género requiere de jueces formados y comprometidos, no de decisiones administrativas que dejan todo en el papel”, subraya María Torres, portavoz de la Federación de Mujeres Progresistas.

Impacto social y cultural

La paralización de la especialización judicial no solo afecta la carrera de los jueces y juezas, sino que también tiene un impacto directo en la sociedad. La violencia machista sigue siendo una de las principales causas de muerte y sufrimiento entre mujeres en España, y la falta de formación específica de los profesionales judiciales reduce la efectividad de las medidas de protección, aumenta los tiempos de respuesta y limita la capacidad de prevención.

Además, este bloqueo refleja una carencia de compromiso institucional que contradice la retórica de consenso político contra la violencia de género. Los magistrados denuncian al Consejo General del Poder Judicial, a los ministerios de Justicia e Igualdad, a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, al Defensor del Pueblo, a GREVIO y a los grupos parlamentarios por no haber abordado una solución efectiva pese a conocer la situación desde hace años. “¿Se puede hablar de consenso real mientras la especialización se queda en el papel?”, cuestionan los firmantes.

El camino hacia la profesionalización

Para revertir esta situación, los jueces proponen activar de manera inmediata los procesos de acreditación de especialización, modificar los artículos necesarios de la Ley Orgánica del Poder Judicial y garantizar que el acceso a plazas especializadas sea exclusivamente para quienes posean la formación específica. Solo así, aseguran, la justicia podrá responder con eficacia a la violencia de género y recuperar la confianza de la sociedad.

“No es solo un tema administrativo, es la vida y la seguridad de las mujeres lo que está en juego”, concluyen los profesionales que firman el comunicado.