La Eurocámara pide que el aumento del gasto en defensa no se haga a costa de políticas sociales

El pleno del Parlamento Europeo ha reclamado este miércoles que el aumento del gasto en defensa en la Unión Europea no se realice a costa de otras políticas comunitarias ni se financie mediante un incremento de la deuda pública.

En dos resoluciones aprobadas en el pleno reunido en Estrasburgo (Francia), los eurodiputados también han pedido reforzar la aplicación de las normas de gobernanza económica y situar las políticas sociales en el centro de la coordinación económica de la UE, con medidas específicas para combatir la pobreza y la exclusión social.

Por un lado, en un texto sobre prioridades económicas --aprobado con 392 votos a favor, 219 en contra y 18 abstenciones--, la Eurocámara alerta de "tendencias económicas preocupantes" en la economía europea, como el aumento de la deuda pública, el bajo crecimiento y la persistencia de la inflación.

En este contexto, los eurodiputados se muestran preocupados de que algunos Estados miembro ya hayan recurrido a las llamadas "cláusulas de escape" de las nuevas normas fiscales, que permiten suspender temporalmente los límites de déficit y deuda, apenas un año después de su entrada en vigor.

Asimismo, piden a la Comisión revisar el sistema de "recomendaciones específicas por país", las orientaciones que Bruselas dirige cada año a los gobiernos nacionales para guiar sus políticas económicas, y reclaman que sean menos numerosas, más precisas y que se aclaren los criterios utilizados para elaborarlas.

Respecto al gasto en defensa, subrayan que este tipo de inversión no impulsa necesariamente la capacidad productiva de la economía, por lo que no debería financiarse mediante una mayor emisión de deuda a largo plazo.

MÁS PESO DE LAS POLÍTICAS SOCIALES
Por otro lado, en una resolución centrada en el empleo y las cuestiones sociales --aprobada con 404 votos a favor, 208 en contra y 20 abstenciones--, los eurodiputados reclaman reforzar la dimensión social en la coordinación de políticas económicas y situar el pilar europeo de derechos sociales en el centro de este proceso.

Entre las medidas planteadas figura la creación de un presupuesto específico de al menos 20.000 millones de euros para la Garantía Infantil Europea, además de la propuesta de que los Estados miembro destinen al menos el 5% de los recursos del Fondo Social Europeo Plus a combatir la pobreza infantil y promover el bienestar de la infancia.

Los eurodiputados también destacan la necesidad de mejorar el seguimiento de los avances sociales en la Unión, con especial atención a fenómenos como la pobreza entre personas con empleo, la brecha laboral que afecta a las personas con discapacidad y el acceso a una vivienda asequible.