UPN propone en el Congreso vetar a condenados por terrorismo el acceso a empleos públicos con menores y a subvenciones

El diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) en el Congreso, Alberto Catalán, defenderá la próxima semana en el Pleno una proposición de ley para cambiar el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley General de Subvenciones con el fin de impedir que condenados por delitos de terrorismo puedan recibir subvenciones o acceder a empleos públicos que traten con menores.

La iniciativa, que será debatida y votada el próximo martes, plantea añadir un apartado 4 al artículo 56 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público para establecer como requisito específico de acceso a pruebas selectivas para puestos con contacto habitual con menores el no haber sido condenado por sentencia firme por cualquier delito de terrorismo tipificado en nuestro Código Penal y en el de los países de la Unión.

En materia de subvenciones, la proposición incorpora un apartado 3 Bis al artículo 13 de la Ley General de Subvenciones para establecer que "en ningún caso" podrán obtener la condición de beneficiario o de entidad colaboradora las personas físicas condenadas por sentencia firme por cualquiera de esos delitos, ni las personas jurídicas que tengan como empleadas o subcontraten actividad con otras personas físicas o jurídicas que se encuentren en dicha circunstancia tanto en España como en otro país de la Unión Europea.

El texto, recogido por Europa Press, establece además que las bases reguladoras de las convocatorias de subvenciones con este objeto deberán señalar de forma expresa la citada prohibición para ser beneficiario o entidad colaboradora. Para justificar que no se incurre en esa prohibición, establece que deberán acreditarlo mediante un certificado de antecedentes penales del Registro Central de Penados de todas las personas que vayan a realizar directamente o participar en la realización de los proyectos y actividades a subvencionar.

IMPEDIR QUE ETARRAS DEN CLASES EN UN INSTITUTO
En la exposición de motivos, UPN sostiene que el terrorismo, que España ha sufrido "de forma especial" por los atentados de la banda terrorista ETA y del yihadismo islamista, deja "efectos devastadores" en las sociedades que lo padecen y afirma que sus consecuencias, además de las que afectan a las víctimas directas, "afectan a la convivencia dejando huellas difíciles de superar".

Así, incorpora datos de Covite, que registró 421 actos de apoyo a ETA a lo largo de 2024, y señala que, según esta asociación, "la legitimación de ETA sigue muy presente en el espacio público".

La proposición argumenta que las administraciones públicas deben velar por que los empleados públicos cumplan los requisitos necesarios para llevar a cabo esta labor de forma adecuada y que quienes trabajan con menores tengan "la necesaria autoridad ética y moral", por lo que considera que "no resulta lógico ni conforme con los valores democráticos encargar estas tareas a personas condenadas por delitos relacionados con el terrorismo".

Como ejemplo, Unión del Pueblo Navarro cita la contratación de un condenado por pertenencia a ETA como profesor en el Instituto Valle del Ebro de Tudela y sostiene que no es la primera vez que sucede una situación similar "sin que se hayan adoptado los cambios legales necesarios que lo impidiesen".

La iniciativa considera que un pasado vinculado a acciones terroristas debe "inhabilitar moral y éticamente" para impartir docencia y ser responsable del desarrollo educativo de niños y jóvenes, y afirma que, con la normativa actual, no se ha podido impedir que esa persona haya accedido al contrato y esté ejerciendo la docencia, algo que califica de "lamentable, contrario a la convivencia y humillante para las víctimas".