PNV pide recuperar la excepción ibérica y el escudo social energético, y bajar el IVA de electricidad por la guerra

Reclama también bonificar el carburante, y dice al Gobierno Sánchez que atienda sus peticiones porque no es "momento de cálculos políticos"

El PNV ha remitido al Gobierno un documento con 31 medidas para minimizar el impacto del conflicto en Oriente Medio, entre ellas, recuperar la excepción ibérica en el precio del gas y el escudo social energético para personas vulnerables, así como bonificar el precio del carburante para algunos sectores. También propone reducir el IVA de la electricidad y eliminar el impuesto a la generación eléctrica, o habilitar la utilización del superávit del ejercicio 2025 a entidades locales y comunidades para financiar actuaciones "urgentes".

La portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero, ha comparecido este lunes en Bilbao para exponer las medidas presentadas al Gobierno de Pedro Sánchez.

Vaquero ha señalado que el ataque de EEUU e Israel a Irán ha desencadenado en un conflicto bélico cuyas consecuencias, "hoy por hoy, no se pueden determinar todavía" pero que está provocando unos efectos que ya se están sintiendo en Euskadi, como el alza del precio de los carburantes y de la luz.

Según ha apuntado, las repercusiones se traducen "en dificultades" para las familias, especialmente las más vulnerables, así como para los autónomos y responsables de pequeños negocios que "ven como sus gastos se multiplican mientras los ingresos se mantienen o se disminuyen". A ello, ha unido la "afección directa" a la industria.

Por ello, han elaborado un documento con "propuestas muy concretas" que este fin de semana han remitido al Gobierno, y que están dirigidas a "mitigar" ese incremento de gasto para las familias y autónomos y "salvar" a la industria y los puestos de trabajo.

Esas medidas engloban ayudas directas, bonificaciones fiscales e incluso cambios legales, y están dirigidas a sectores productivos concretos como el transporte, el sector primario y también el industrial, lo que "afecta a miles de empleos".

Maribel Vaquero ha apuntado que son medidas pensadas para que esta situación no repercuta "tanto al bolsillo de los vascos", incidiendo en la cadena de producción para que, cuando los productos lleguen al mercado, "el precio no se dispare".

"Tenemos que conseguir que llenar la cesta de la compra no sea un imposible, y también que los autónomos que tenemos en Euskadi -más de 166.000- puedan mantener y seguir desarrollando sus negocios", ha remarcado.

"NECESARIAS Y URGENTES"
Vaquero ha indicado que son medidas "razonables" y espera que el Gobierno atienda y escuche su peticiones, además de las que ha trasladado el Lehendakari, Imanol Pradales, porque son "necesarias y urgentes". A su juicio, ahora no es el momento de "cálculos políticos" sino de "remangarse todos" y acordar iniciativas para "salvar la industria, los puestos de trabajo y el bienestar de las familias". "Se deben adoptar cuanto antes", ha subrayado.

El documento plantea diversas medidas fiscales y de reducción del coste de la energía, entre ellos, reducir temporalmente el Impuesto Especial de Electricidad para "aliviar la factura de los consumidores domésticos y empresariales".

También defiende la eliminación del Impuesto al Valor de la Producción de Energía Eléctrica. Junto a ello, plantea reducir el IVA de la electricidad al 5%, así como recuperar y consolidar la bonificación del 80% en los peajes eléctricos para consumidores electro intensivos.

La formación jeltzale también propone destinar el 25% de los ingresos de las subastas de derechos de emisión a compensar los costes indirectos de CO2, y para gas y biomasa una reducción temporal del IVA (10%)

Asimismo, ve necesario recuperar el mecanismo de tope del gas (excepción Ibérica) que se adoptó 2022, de cara a limitar el impacto del precio del gas en la formación del precio mayorista de la electricidad y contener así los costes energéticos para consumidores y empresas.

PROTECCIÓN DE LAS FAMILIAS
En el capítulo referido a la protección de la familias, su petición es la limitación de precios en suministros esenciales y, en concreto, pide establecer un límite al incremento del coste de la materia prima en la TUR de gas y mantener un precio máximo regulado para la bombona de butano.

Además, defiende recuperar los descuentos del bono social específicos para consumidores vulnerables y vulnerables severos, y restablecer la prohibición de corte de suministro de electricidad, gas y agua para consumidores vulnerables o en riesgo de exclusión social.

Ante el aumento del precio de los carburantes, la propuesta aboga por una bonificación extraordinaria sobre el precio del carburante para sectores profesionales más dependientes del gasóleo y gasolina (transportes de viajero y mercancías, taxis, VTC agricultura, ganadería y pesca).

APOYO A PYMES, AUTÓNOMOS y AL PRIMER SECTOR
El PNV incide en extender la línea de avales del Estado a empresas afectadas por perturbaciones en el comercio internacional, tensiones geopolíticas, alteraciones en los mercados energéticos y disrupciones en cadenas suministro, especialmente pymes y autónomos.

Otras reclamaciones son el aplazamiento de cuotas de Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta para empresas y autónomos, o ayudas directas de carácter temporal para autónomos y pymes del transporte profesional por carretera, con CNAE específico que acrediten un impacto significativo derivado del incremento de los costes del carburante. Junto a ello, pide que se permita a transportistas repercutir de forma específica los costes derivados de los sistemas de cobro por uso implantados en determinadas infraestructuras viarias.

En este capítulo, también se incluye la reducción temporal al 0% del IVA a los fertilizantes. Además, pide ayudas directas de carácter temporal a empresas intensivas de gas con CNAE específico que acrediten un impacto significativo por el aumento de los costes de gas.

Entre las medidas fiscales para autónomos y pequeñas empresas, incluye establecer un régimen especial de exención del IVA para pequeños empresarios con un umbral de hasta 85.000 euros de volumen de operaciones.

Asimismo, reivindica la recuperación de incentivos fiscales vinculados a la movilidad eléctrica y deducciones por obras de mejora de la eficiencia energética en viviendas. En este ámbito, plantea modificar el Fondo Nacional de Eficiencia Energética y el Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética y, por otra parte, extender líneas de avales ICO dirigidas a empresas que vayan a acometer inversiones en eficiencia energética.

Dentro de la política industrial energética y actuación en la UE, apuesta por promover en el seno de la Comisión Europea la ampliación de los sectores beneficiarios de las compensaciones por CO2 indirecto; defender los intereses de la industria siderúrgica y modificar el marco regulatorio del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) para flexibilizar los mecanismos de capitalización y reestructuración de la deuda, y así apoyar a empresas impactadas, tanto por los aranceles estadounidenses como la subida energética por la guerra.

Además, demanda acelerar las inversiones en redes y energías renovables, flexibilizar la Planificación de red de transporte y extender plazos en el cumplimiento de los hitos de las plantas de generación, y utilizar hasta un 10% de la capacidad reservada para concursos de generación a instalaciones de autoconsumo.

SUPERÁVIT
Los jeltzales abogan por habilitar la utilización del superávit correspondiente a 2025 a entidades locales y comunidades permitiendo financiar actuaciones urgentes para mitigar el impacto económico y social en los territorios.

En este capítulo también apuesta por una revisión de precios en los contratos públicos y, por último, actualizar las cuantías máximas de los contratos menores conforme a la inflación.