AM-El Gobierno envía al Congreso la ley de protección de servicios esenciales vinculados a energía, transporte o sanidad

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El Gobierno ha aprobado en segunda vuelta el proyecto de ley de protección y resiliencia de entidades críticas, que será remitido a las Cortes Generales, para la salvaguarda de servicios esenciales relacionados con sectores estratégicos como el de la energía el transporte, la sanidad, el agua o la Administración pública.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha explicado que el proyecto de ley tiene como objetivo además "apoyar a las entidades públicas o privadas que operan con las infraestructuras críticas".

"Queremos ayudarlas a estar mejor equipadas para hacer frente a los riesgos que puedan perturbar los servicios esenciales que prestan. Son servicios indispensables para mantener las funciones sociales o actividades económicas vitales, no solo en el ámbito nacional, sino también dentro de la Unión Europea", ha explicado Marlaska en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

Con esta ley, España se adapta a las exigencias europeas de la Directiva CER, modernizando el marco legal para responder a amenazas cada vez "más dinámicas y complejas", según ha precisado el ministro, desde fenómenos naturales hasta sabotajes, "pasando por riesgos meteorológicos y amenazas híbridas", y "hacerlo siempre en un entorno de crecientes interdependencias entre las infraestructuras y los sectores implicados".

Al respecto del proyecto de ley aprobado en el Consejo de Ministros, Marlaska ha detallado que su entrada en vigor permitirá "la creación de un catálogo nacional de entidades críticas y estratégicas". Estas serán identificadas mediante un criterio que se fijará, en primer lugar, en la Estrategia Nacional de Protección y Resiliencia de las Entidades Críticas, elaborada a su vez por la Secretaría de Estado de Seguridad y que aprobará el Consejo de Seguridad Nacional, a propuesta del Ministerio del Interior.

CUMPLIR REQUISITOS
Marlaska ha destallado que la Secretaría de Estado de Seguridad "elaborará, custodiará y mantendrá actualizado" el catálogo de las entidades consideradas estratégicas al que, además de sectores tradicionales, como la energía, la salud o el transporte, se incorporan "nuevos sectores, como el hidrógeno, los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración, la seguridad privada o las aguas residuales, entre otros".

El ministro de Interior también ha señalado que las entidades u organismos públicos o privados que explotan infraestructuras críticas en sectores estratégicos, y queden recogidas en el catálogo, "deberán cumplir una serie de requisitos para reforzar su protección y minimizar los riesgos de que se produzca una perturbación en los servicios esenciales que todas ellas prestan".

Asimismo, deberán elaborar un plan de resiliencia que "incluya medidas de protección física y de respuesta y mitigación frente a cualquier tipo de incidente", según ha explicado el ministro del Interior.

MARCO CONSTITUCIONAL Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
El anteproyecto será de aplicación a las entidades críticas ubicadas en el territorio nacional, excepto a las pertenecientes a los sectores bancario, de los mercados financieros y de las infraestructuras digitales, que pueden considerarse críticas pero quedan excluidas al encontrarse reguladas por su normativa específica.

Tampoco se aplicará a las entidades dependientes del Ministerio de Defensa, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni a los cuerpos de policía de las comunidades autónomas con competencias estatutarias reconocidas y asumidas para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento del orden público, que se regirán por su propia normativa.

En cuanto al marco institucional de gestión del sistema de resiliencia de las entidades críticas, los órganos se mantienen en términos similares a los actuales. La Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior será la autoridad nacional competente en la materia, sin perjuicio de que la interlocución directa entre ésta y las entidades críticas la asuma el Centro Nacional para la Protección y Resiliencia de las Entidades Críticas (CNPREC, hasta ahora denominado Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, CNPIC).

El CNPREC también será el punto de contacto único para la cooperación transfronteriza con los puntos de contacto únicos de otros Estados miembros de la Unión Europea. El proyecto de ley regula las entidades críticas de especial importancia europea, aquéllas consideradas críticas que prestan servicios esenciales a o en seis o más Estados miembros de la UE, con la finalidad de garantizar en todos ellos un nivel homogéneo en la aplicación de las medidas destinadas a asegurar un elevado nivel de resiliencia.

Asimismo, los distintos departamentos ministeriales del Gobierno serán puntos de contacto especializados para cada uno de los sectores estratégicos según su ámbito competencial.

Una vez en vigor, la ley será de aplicación a las entidades críticas ubicadas en el territorio nacional, a excepción de aquellas cuestiones que se encuentren reguladas en la normativa específica de las entidades pertenecientes a los sectores bancario, de los mercados financieros y de las infraestructuras digitales.