El Congreso votará mañana la reforma de la Constitución para que Formentera tenga un senador propio

El PP quiere evitar que en la Constitución figure la denominación de Eivissa y su votó será determinante para que salga adelante

El Pleno del Congreso debatirá y votará este jueves la reforma de la Constitución Española impulsada por el Parlamento de Baleares para modificar el artículo 69.3 y atender la reivindicación histórica de que la isla de Formentera disponga de un senador propio y se desvincule del 'tándem' electoral que conforma actualmente con Ibiza.

Esta reforma de la Constitución requiere de una mayoría de tres quintos del Congreso, por lo que necesita el apoyo del PP y el PSOE. Durante la tramitación, los 'populares' han optado por abstenerse en las dos votaciones que ha habido y este jueves pretenden cambiar una denominación en catalán.

En concreto, el Pleno del Congreso se tendrá que pronunciar sobre una enmienda del PP que busca que en la Constitución se mantenga la denominación Ibiza en castellano y no la de Eivissa que propuso el Parlamento balear.

El Parlamento de Baleares ha intentado aprobar en las Cortes Generales esta reforma constitucional otras tres legislaturas de manera infructuosa, y ahora el Congreso ha pisado el acelerador en esta etapa e incluso ha acordado tramitarlo en lectura única, sin pasar por ponencia ni comisión.

En la actualidad, Formentera e Ibiza comparten circunscripción electoral conjunta para las elecciones al Senado, un cargo que en esta legislatura lo ocupa Juanjo Ferrer, que se presentó a las pasadas elecciones con la candidatura conjunta de PSOE, Sumar, EUIB y Ara Eivissa.

En cualquier caso, algunos partidos políticos han intentado también llevar esta reivindicación histórica al Congreso de los Diputados para que Formentera se desvincule de Ibiza en este distrito electoral conjunto y que cada uno disponga de un senador propio, aunque finalmente estas propuestas no prosperaron.

YA OCURRE CON CANARIAS
La propuesta del Parlamento de Baleares es que el apartado 3 del artículo 69 de la Constitución Española incluyera a su redactado que corresponden un senador a las siguientes islas: Eivissa, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma.

También quieren incluir una disposición adicional única para que la eficacia de la creación de la circunscripción electoral al Senado por la isla de Formentera "quedará demorada" hasta las inmediatas elecciones al Senado, una vez haya entrado en vigor esta reforma de la Constitución Española.

En la exposición de motivos, el Parlamento balear defiende que esta reforma de la Constitución intenta que "queden reconocidas" de manera efectiva en el Senado "las singularidades territoriales, geográficas y existenciales del conjunto de los territorios que conforman España, en toda su pluralidad y diversidad constitutiva".

Asimismo, pretende "poner de manifiesto" el protagonismo de las islas para que una decisión como esa "se considere una buena reforma constitucional", sentida "como propia y querida, dentro del propio archipiélago balear (en plena igualdad con el canario) y, por extensión, en el conjunto de España".

SE CEÑIRÁ A FORMENTERA
Como suele ocurrir cuando se plantea una reforma constitucional, algunos grupos han aprovechado para plantear enmiendas sobre otras cuestiones, aunque el Congreso ha querido ceñir esta iniciativa al tema de Formentera.

En este contexto, la Mesa del Congreso vetó la tramitación de la enmienda que presentó Unión del Pueblo Navarro (UPN) porque no guardaba relación con el objeto de esta proposición de ley. Los regionalistas navarros planteaban derogar la disposición transitoria cuarta de la Carta Magna, que regula el procedimiento específico para la posible incorporación de Navarra al régimen autonómico del País Vasco.

El mismo criterio se aplicó con las once enmiendas que presentó el PNV a esta reforma puntual de la Constitución y que pretendían modificaciones de calado para, entre otras cosas, modificar artículo 2 de la unidad de España, reconocer la autodeterminación, limitar la inviolabilidad del Rey y derogar el artículo 155 que permite al Gobierno intervenir a comunidades autónomas.