La candidata del Gobierno para presidir el Consejo de Transparencia logra el aval del Congreso

Campos Acuña reclama sanciones para las administraciones que incumplan la ley y desoigan las resoluciones del Consejo

La candidata propuesta por el Gobierno para ocupar la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Concepción Campos Acuña, ha logrado este miércoles el aval del Congreso para acceder al cargo al recabar el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara que establece la ley.

Tras someterse al examen de la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso, su candidatura ha salido adelante con el apoyo del PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y BNG, la abstención del PP y el voto en contra de Vox.

Una vez que el Congreso ha refrendado su candidatura, Campos Acuña será nombrada presidenta mediante un real decreto que deberá aprobar el Consejo de Ministros. Tendrá un mandato de cinco años, no renovable, y ejercerá sus funciones con dedicación exclusiva y plena sujeción al régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración General del Estado.

Campos Acuña se convertirá en la tercera persona designada para ponerse al frente del órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia desde su creación en 2014. En concreto, sustituirá a José Luis Rodríguez Álvarez, cuyo mandato al frente del organismo concluyó el pasado mes de octubre.

DERECHO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
La futura presidenta, propuesta por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, es licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, doctora en Derecho Cum Laude y tiene un Máster en Derecho de las Instituciones y Administraciones Públicas.

La candidata es una directiva pública profesional, secretaria de Administración Local categoría superior (secretaria de ayuntamiento), con más de 20 años de experiencia y su último destino fue el Ayuntamiento de Vigo, aunque en la actualidad se encuentra en situación de excedencia como consultora y profesora asociada de Derecho Administrativo de la Universidad pública de Tarragona Rovira i Virgili.

Además, ha sido representante técnica en la Red de entidades locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), donde desempeñó diferentes trabajos en relación con la materia, como la coordinación del proceso de revisión del Código de Buen Gobierno Local de la FEMP (2015) y una de las coordinadoras de la Ordenanza Tipo de Transparencia, Información Pública y Reutilización.

Es Coordinadora del Grupo de Trabajo de "Integridad en la Contratación Pública" de dicha Red, promoviendo actividades de formación, divulgación y editoriales; también en la misma ha sido miembro del grupo de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

NO ACUMULAR DOCUMENTOS EN WEBS
"No estaría aquí si no pensara que lo puedo hacer bien", ha asegurado Campos Acuña, quien ha explicado que contribuyó al impulso de la implantación de la Ley de Transparencia desde su aprobación y que es idónea para el cargo no sólo porque conoce la norma sino también por su experiencia en la administración pública y por su trayectoria académica que es eminentemente jurídica y está muy vinculada a la materia de la que se encarga el órgano que quiere presidir.

La aspirante ha expuesto los planes que tiene para el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y ha pedido apoyo a la Cámara para la actualización de la una ley que lleva ya diez años en vigor. Asimismo, ha abogado por reforzar la institución, con más medios, pero también incrementando su cooperación con sus equivalentes territoriales.

A su juicio, el balance de la aplicación de la ley en cuanto a la publicidad activa es "agridulce", pues muchas administraciones la entienden como un "mero trámite". "No puede ser acumular documentos en la web, puros PDF, hay que añadir valor a la transparencia, revisar qué publicamos, cómo publicamos y con qué finalidad", ha explicado.

LA IA AL SERVICIO DE LA TRANSPARENCIA
Además, considera que hay que mejorar el acceso a la información, pública superando las "inercias reestrictivas" que llevan a la administración a ofrecer a la ciudadanía "respuestas muy formalistas" y acortando los tiempos de contestación.

Campos Acuña también ha defendido la necesidad de revisar lo relativo al buen gobierno para que "no sea más que un catálogo bienintencionado de principios generales" y ha hecho hincapié en poner el uso de la Inteligencia Artificial (IA) al servicio de la transparencia, por ejemplo, mediante la supervisión automatizada del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa.