El Congreso convalida la ley para indemnizar a víctimas de la represión, con el voto en contra de PP y Vox

El Gobierno, abierto a modificar la ley para incluir a fallecidos o heridos hasta diciembre de 1983 como piden ERC, Podemos y Bildu

El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves la reforma de la Ley de Memoria Democrática para indemnizar a personas asesinadas o que sufrieron lesiones graves como consecuencia de la represión franquista entre el 1 de enero de 1968 y el 29 de diciembre de 1978, un texto que ha salido adelante con el apoyo de los habituales socios del Gobierno, la abstención de Junts, y con el rechazo de PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN).

Tras la negociación que han mantenido con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, Esquerra, Bildu, Podemos, PNV y BNG le han dado apoyo a cambio de que sus demandas sean incorporadas más adelante a la norma, pues el texto se va a tramitar como proyecto de ley.

El ministro ha pedido expresamente que esas enmiendas se puedan presentar en el plazo de dos o tres semanas, pero eso no garantiza su tramitación. De hecho son numerosos los proyectos de ley derivados de decretos que duermen en un cajón del Congreso esta legislatura, incluso con las enmiendas registradas.

Podemos, Bildu y el BNG han remarcado la necesidad de aumentar el plazo temporal contemplado en la reforma para que puedan indemnizarse fallecimientos o lesiones incapacitantes producidas hasta el 31 de diciembre de 1983, dado que en la propia Ley de Memoria se admite que pudieron cometerse vulneraciones de Derechos Humanos hasta esa fecha.

MÁS PLAZO PARA SOLICITARLO
Y Esquerra ha anunciado incluso un acuerdo con Torres por el que el Ejecutivo se comprometería a aceptar esa fecha tope, a dar más tiempo para solicitar las ayudas --el plazo pasaría de uno a tres años-- y a revisar los requisitos de acceso, flexibilizándolos para evitar lo que consideran "exclusiones injustas" y asegurar que casos representativos de la represión, como el de los familiares de Salvador Puig Antich, puedan ser reconocidos.

Preguntado sobre ese acuerdo para ampliar la aplicación hasta hechos sucedidos hasta el último día de 1983, Torres ha admitido que ese es el compromiso que él ha trasladado a ERC, si bien ha recordado que el texto tiene que afrontar su trámite parlamentario y que se necesitará el apoyo de los grupos políticos.

Además, el ministro ha lamentado el voto en contra de Vox y, especialmente, del PP. "No se entiende que un demócrata no vote a favor de reconocer a quienes pelearon para recuperar la democracia", ha dicho en los pasillos del Congreso.

JUNTS QUIERE INCLUIR A MIEMBROS DE BANDAS ARMADAS
"Ellos creían que con sus votos en contra y el de algún partido más esto iba a decaer, pero les ha salido el tiro mal y yo me alegro muchísimo por la democracia y por las personas que van a recibir esta compensación", ha abundado Torres.

Durante el debate Junts no había adelantado el sentido de su voto que, de haber sido negativo, habría provocado la derogación del decreto ley. El diputado de Junts Josep María Cervera ha denunciado que con esta reforma, el Gobierno ha dado un "salto hacia atrás" al excluir de la ley a los "guerrilleros de muchas y variadas ideologías antifranquistas".

Y es que, en su opinión, es "legítimo" preguntarse "si una democracia puede negar el reconocimiento a quienes contribuyeron, aunque fuera por medios armados, a combatir una dictadura".

CAPARRÓS Y OTRAS VÍCTIMAS
Con la modificación legal convalidada este jueves, que estaba en vigor desde principios de marzo, se podrá indemnizar, por ejemplo, Manuel José García Caparrós, fallecido por un disparo de la Policía en una manifestación por el Estatuto de Autonomía de Andalucía en 4 de diciembre de 1977.

La Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 por iniciativa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya contemplaba indemnizar a los fallecidos en defensa de la democracia, pero sólo a quienes murieron entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1977, el año en el que se aprobó la Ley de Amnistía.

Las indemnizaciones por este motivo se regularon en un decreto ley de 2008, y ahí se incluyó también como perceptores a quienes sufrieron lesiones incapacitantes en el marco de su lucha por las libertades y derechos fundamentales.

Pero la Ley de Memoria Democrática de 2022, ya con el Gobierno de Pedro Sánchez, derogó la norma de 2007 por completo y los fallecidos y víctimas de lesiones graves durante la represión del tardofranquismo quedaron fuera de la nueva norma. Por eso el Gobierno ha modificado ahora la ley para introducir una nueva disposición adicional para dar cobertura a este colectivo de víctimas y ampliar el marco temporal de aplicación hasta el 29 de diciembre de 1978, fecha de entrada en vigor de la Constitución.

250.000 EUROS
Además, el decreto ley actualiza las cuantías de las indemnizaciones que se había fijado en 2008. Así, las personas beneficiarias de quienes fallecieron en las citadas circunstancias podrán ser indemnizadas con 250.000 euros, "en atención a las circunstancias excepcionales que concurrieron en su muerte". La norma prohíbe expresamente que puedan ser indemnizados miembros o familiares de miembros de "bandas o grupos armados terroristas".

Se incluyen como perceptores hijos y cónyuge o quienes hubieran convivido con la persona fallecida con análoga relación de afectividad y subsidiariamente, si no existieran los anteriores, los padres, los nietos, los hermanos de la persona fallecida y los hijos de la persona, siempre que, por los mismos hechos, no se haya recibido ya indemnización, sin perjuicio de las correspondientes actualizaciones.

Para quienes hubiesen sufrido lesiones incapacitantes, las cuantías se elevan a 180.000 euros en el caso de incapacidad permanente absoluta y a 500.000 euros si les causaron una gran invalidez.