El Escudo Social obtiene la aprobación del Congreso con el respaldo de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu y PNV
El Pleno respalda un conjunto de 80 medidas estratégicas que movilizan 5.000 millones de euros para proteger familias, trabajadores y sectores esenciales ante los efectos de la guerra en Irán.
La decisión institucional evidencia el compromiso del Ejecutivo con la estabilidad económica, la seguridad energética y la protección social, combinando medidas inmediatas con acciones estructurales en fiscalidad, energía, vivienda y transición ecológica.
Un respaldo parlamentario sólido
El Congreso convalida el real decreto ley con 175 votos a favor, 33 en contra y 141 abstenciones. Han apoyado la iniciativa PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG, CC, UPN y la diputada de Compromís Águeda Micó, mientras que PP y Podemos se abstienen y Vox se opone.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, subraya que "proteger y preparar" constituyen los objetivos centrales del escudo social, y que "las gasolineras ya reflejan el 90 % de la bajada fiscal", reforzando "nuestra apuesta por nuestra soberanía energética".
El decreto, vigente desde la aprobación por el Consejo de Ministros el 20 de marzo, se tramita ahora como proyecto de ley para consolidar su aplicación y garantizar seguridad jurídica y transparencia en la implementación de las medidas.
Medidas fiscales y apoyo a sectores estratégicos
El paquete contempla la reducción del IVA en electricidad, gas, butano, propano y carburantes, el congelamiento del precio máximo de venta de butano y propano, y la recuperación de bonificaciones del 80 % en peajes eléctricos para la gran industria.
Asimismo, transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores reciben una ayuda de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional, abonada por la Agencia Tributaria y las administraciones forales de País Vasco y Navarra, asegurando la continuidad de los sectores productivos esenciales.
Protección laboral y control de mercados
El decreto prohíbe despidos objetivos derivados de la crisis internacional y refuerza la capacidad de la CNMC para supervisar márgenes empresariales y sancionar posibles abusos. Las medidas garantizan que las ayudas públicas se apliquen de forma justa y que ninguna empresa se beneficie indebidamente.
El presidente del Gobierno enfatiza que la iniciativa combina protección inmediata con estrategia de estabilidad económica, salvaguardando los derechos de trabajadores y la seguridad del suministro en sectores críticos.
Energía, autoconsumo y transición ecológica
Se implementan deducciones fiscales en el IRPF para autoconsumo, instalación de bombas de calor, puntos de recarga y vehículos eléctricos, mientras las ayudas para rehabilitación energética de viviendas se extienden a 2025 y 2026, beneficiando a más de 290.000 personas desde 2021.
ERC destaca que su aportación amplía la distancia de autoconsumo hasta cinco kilómetros, y Bildu valora la protección del escudo social y la industria electrointensiva, aunque critica que "la rebaja generalizada de impuestos se aplica sin tener control real sobre los precios".
Reacciones institucionales y coordinación política
Junts recalca que la columna vertebral del decreto incluye sus propuestas para proteger a la clase media y trabajadora. El PP, pese a su abstención, considera el plan "insuficiente" y "llega tarde", señalando que la mitad de las rebajas impositivas dependen de la financiación de comunidades autónomas. Vox vota en contra por considerar que las subvenciones a renovables tienen impacto económico "mínimo" y denuncia irregularidades históricas en el sector de hidrocarburos: "Han dado licencias a empresas piratas que no pagan impuestos", afirma José María Figaredo.
PNV considera el paquete "útil y necesario" aunque solicita mayor coordinación, mientras Sumar y Podemos se abstienen ante la inclusión de la prórroga de alquileres en otro decreto, calificándola de "ineficaz" e "injusta".
Vivienda pública y eficiencia energética
El escudo social incluye incentivos para rehabilitación energética: 20 % por obras que reduzcan al menos un 7 % de demanda, 40 % por mejoras de 30 % de consumo o calificación A/B, y hasta 60 % en edificios residenciales con eficiencia destacada, vigentes hasta 2027. Además, se impulsa la construcción de vivienda pública y asequible mediante cambios en la Ley de Contratos del Sector Público, facilitando colaboraciones público-privadas.
Estas medidas refuerzan la capacidad del Gobierno para garantizar protección social, eficiencia energética y acceso a vivienda, consolidando la estabilidad institucional y económica en Catalunya y el conjunto de España.
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