viernes, 27 de marzo de 2026 13:46

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El PP sopesa elevar un nuevo choque con el Gobierno por el veto a su enmienda sobre la regularización de inmigrantes

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha desvelado este viernes que su formación está valorando la posibilidad de presentar en la Cámara Alta un nuevo choque institucional contra el Gobierno y el Congreso por el veto del Ejecutivo a la tramitación de la ley contra la multirreincidencia que limitaba el actual proceso de regularización de inmigrantes reforzando el control de los antecedentes penales.
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Archivo - La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, durante una rueda de prensa, en el Senado, a 16 de octubre de 2025, en Madrid (España).

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha desvelado este viernes que su formación está valorando la posibilidad de presentar en la Cámara Alta un nuevo choque institucional contra el Gobierno y el Congreso por el veto del Ejecutivo a la tramitación de la ley contra la multirreincidencia que limitaba el actual proceso de regularización de inmigrantes reforzando el control de los antecedentes penales.

Así se ha pronunciado Alicia García en una rueda de prensa desde el Senado sobre este veto del Gobierno a la enmienda que introdujo el PP en la ley de multirreincidencia a su paso por la Cámara Alta.

En cualquier caso, la dirigente 'popular' ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de actuar con "tics autoritarios" por este veto a su enmienda, y, aunque están valorando la posibilidad de presentar ese choque institucional, Alicia García ha asegurado que no se llevará al próximo Pleno.

Según el procedimiento de un choque institucional, el PP lo tendría que registrar en el Senado y se sometería a votación en una sesión plenaria. Al tener mayoría absoluta, la Cámara Alta lo adoptaría como suyo y lo remitiría al Gobierno y al Congreso.

Y el Gobierno y el Congreso tendrían un mes para contestar desde que reciben el planteamiento del conflicto de atribuciones, aunque también tienen la posibilidad de no contestar y darlo por sustanciado. En ese caso, o si la respuesta es negativa, el Senado decidiría elevar el asunto al Tribunal Constitucional o no sigue adelante con ello.

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