El PP reclama en el Congreso acelerar la trasposición de directivas europeas ante el "fracaso" del Gobierno

Pide priorizar más de 90 normas pendientes, corregir la "falta de previsión" estatal y publicar el listado actualizado en Exteriores

El PP ha presentado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) en la que reclama al Gobierno acelerar "al máximo" la tramitación de la normativa necesaria para trasponer las más de 90 directivas europeas pendientes, con prioridad para las más de 40 cuyo plazo límite venció antes de 2026 y las 21 cuyo plazo vencerá a lo largo de este año, ante lo que define como el "fracaso" del Ejecutivo en la adaptación de la legislación europea.

Precisamente este jueves el Congreso aprobó --con los votos a favor de todos los grupos salvo Podemos y BNG y la abstención de Bildu-- una propuesta de Junts que pide al Gobierno aplicar la directiva europea 2020/285 que permite eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales, condición que los de Carles Puigdemont habían exigido a los socialistas a cambio de apoyar el decreto ley de ayudas fiscales por la guerra de Irán.

La propuesta de Junts era un punto específico de una proposición no de ley, que desglosaba una amplia batería de medidas fiscales, por lo que su aprobación no tiene efectos prácticos sobre los autónomos. Y todo pese a que esta exigencia deriva de una directiva europea que España debería haber aprobado a finales de 2024. De hecho, la Comisión Europea ha iniciado acciones contra el Estado español por este retraso.

La actual iniciativa del PP, registrada para ser debatida en la Comisión Mixta para la Unión Europea, insta también al Gobierno a adoptar medidas organizativas y de gobernanza que corrijan los "problemas endémicos de falta de previsión" en esta materia durante la legislatura, así como a iniciar en el primer semestre de 2026 los procedimientos de audiencia pública de las normas que deban trasponer directivas cuyo plazo máximo vence en 2027.

Además, el Grupo Popular pide al Ejecutivo difundir, "en un lugar visible" del portal web del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, un listado permanentemente actualizado de la normativa europea pendiente de trasponer en España.

ESPAÑA, EL PAÍS MÁS INCUMPLIDOR
La iniciativa, recogida por Europa Press, subraya que esta situación es "especialmente grave" porque el número de directivas europeas que deben trasponerse "ha decrecido notablemente en los últimos años. En este sentido, indica que, mientras en 2013 Y 2014 se aprobaron 71 y 64 directivas con necesidad de trasposición, respectivamente, en 2023 y 2024 fueron 33 y 28.

Además, el PP sostiene que los datos oficiales de la Unión Europea muestran que España terminó 2025 como líder en déficit de trasposición de legislación europea entre los Estados miembros, con un 3,3%, doblando el 1,5% de media europea, y también en procedimientos de infracción abiertos por Estado miembro, con 92, frente a una media europea de 55.

Asimismo, añade que los datos del primer mes de 2026 "aún empeoran el panorama", al subir el déficit de trasposición al 3,7% y alcanzar los procedimientos abiertos los 100.

De esta forma, en lo que va de legislatura, sólo se han completado 23 transposiciones de directivas y, de ellas, tan sólo 9 se han aprobado antes de sobrepasar los plazos máximos fijados por las instituciones europeas".

FRUTO DE LA "PARÁLISIS POLÍTICO-ADMINISTRATIVA" DE ESPAÑA
El PP atribuye estos datos a la "parálisis político-administrativa en la que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sumido a España, lo que provoca que no se incorpore normativa europea porque ni las Cortes ni el Gobierno están trabajando a pleno rendimiento". A su juicio, esto tiene como derivada "la pérdida de credibilidad e influencia de España en Europa al convertirse en su socio menos fiable".

Por último, el texto asegura que el análisis caso por caso de los incumplimientos refleja que los ministerios "trabajan sin previsión", hasta el punto de que proyectos de ley para adaptar normativa europea llegan al Congreso "una vez vencido el plazo máximo de aprobación" y que los reales decretos con ese mismo fin "no empiezan su tramitación con margen suficiente".

La proposición también critica que esta información no tenga "un mecanismo de comprobación sencillo" y señala que portales informativos han tenido que recurrir a solicitudes de información pública para obtener datos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.