Vox reta a Sánchez en el Congreso a defender ante la UE la imposición de sanciones a Cuba y los dirigentes del régimen

Reclama suspender el acuerdo de diálogo, activar la "cláusula democrática" y liderar una estrategia de presión en todos los frentes

Vox ha registrado una proposición no de ley para su debate en Pleno del Congreso con la que insta al Gobierno a promover en la Unión Europea (UE) la suspensión y denuncia del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con Cuba, así como la aprobación de sanciones contra ese país y contra personas físicas o jurídicas y organismos responsables "de graves violaciones o abusos de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y de la oposición democrática en la isla".

En la iniciativa, recogida por Europa Press, la formación liderada por Santiago Abascal reclama también que el Ejecutivo lidere en la UE y en los foros internacionales una estrategia coordinada de presión política, económica y diplomática destinada a favorecer "el fin del régimen socialista cubano".

Vox sostiene que la dictadura comunista cubana está en "caída libre económica y social", una situación que, según indica, se ha agravado "drásticamente" tras el cese del suministro de combustible desde Venezuela a inicios de ese año impuesto por Estados Unidos.

Y, como consecuencia de ello, se han implantado jornadas laborales de cuatro días, el transporte público y el suministro de combustible se han reducido drásticamente por un plan de contingencia y los apagones constantes impiden incluso el bombeo de agua potable.

Además, según el texto, en el ámbito sanitario la situación es "crítica" debido a la detención de cirugías oncológicas y a la falta de insumos básicos para enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión. Y la desnutrición ha provocado "que sean habituales los desmayos y cuadros de fatiga extrema entre los alumnos que acuden a clase".

Vox señala igualmente que, según datos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), en 2025 el 89% de los hogares cubanos vivía en pobreza extrema. A ello suma que el régimen castrista promulgó el Decreto-Ley 114, que regula la asociación entre entidades empresariales estatales y no estatales, lo que "supone un reconocimiento implícito del fracaso absoluto de décadas de planificación centralizada socialista".

"CABEZA DE SERPIENTE DEL TERRORISMO Y EN NARCOTRÁFICO"
En la exposición de motivos de la iniciativa, Vox define al régimen cubano como "epicentro de la desestabilización regional" y lo sitúa como "la cabeza de la serpiente de un entramado criminal que utiliza el terrorismo y el narcotráfico para desestabilizar la Iberosfera".

En este punto, sostiene que a través de estructuras como el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, La Habana exporta su agenda ideológica para socavar las democracias y el Estado de Derecho, "fomentando el terrorismo y el narcotráfico en el continente americano y en el mundo, así como el lavado de dinero para organizaciones criminales".

Y mientras tanto, según datos del OCDH, en 2025 se contabilizaron más de 3.000 acciones represivas contra la población civil en Cuba y 800 presos políticos, y añade que solo en febrero de 2026 se registraron 231 acciones represivas entre detenciones arbitrarias y abusos del régimen.

VOX CARGA CONTRA LA COMISIÓN EUROPEA
La proposición no de ley carga también contra la Comisión Europea, cuya "tibieza", según Vox, ha permitido que el dinero de los contribuyentes europeos "siga fluyendo hacia el régimen sin exigir reformas estructurales, financiando así aparatos represivos que intimidan a la población y operan activamente contra la seguridad de Occidente".

En este sentido, la formación política calcula que el régimen castrista ha recibido 125 millones de euros en los últimos doce años y sostiene que esos fondos no han servido para aliviar la situación del pueblo, "sino para alimentar a grupos que intimidan a la población".

Vox añade que todo ello se produce pese al incumplimiento sistemático del Acuerdo de diálogo político y de cooperación con Cuba, y recuerda que el apartado b) del artículo 85.3 prevé que una infracción de los elementos esenciales del Acuerdo se considere una "infracción importante" y constituya el fundamento de su suspensión.

A partir de ahí, la iniciativa defiende que la Comisión Europea podría aplicar la denominada "cláusula democrática" y suspender el acuerdo en aplicación de ese artículo 85.