Bolaños dice que "pronto" se enviará al Congreso la Ley de Integridad Pública, con nuevas medidas anticorrupción

La Autoridad de Protección al Informante acumula 416 denuncias, tiene protegidas a 25 personas y cinco expedientes sancionadores abiertos

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado este miércoles que el Gobierno enviará "pronto" a las Cortes el proyecto de Ley de Integridad Pública, que incluye nuevas medidas contra la corrupción y forma parte del plan estatal de lucha contra este fenómeno esbozado el pasado mes de julio por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Así lo ha dicho Bolaños durante su comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso, que ha aprovechado para recalcar que hay que poner "todos los medios" para poner coto y evitar que se repitan comportamientos que "asquean" y "avergüenzan" al Gobierno.

"Ya hemos trabajado y vamos a enviar pronto a esta Cámara el proyecto de Ley de Integridad Pública", ha indicado el ministro, sin detallar cuándo tiene previsto el Gobierno aprobar en segunda lectura esa norma que el Consejo de Ministros estudió el pasado 17 de febrero. Después, cuando en su segundo turno de intervención respondía al portavoz de Junts, el ministro ha dicho que la norma llegará al Congreso "en las próximas semanas, en los próximos meses".

Bolaños ha recordado que esa ley "incluye medidas tan novedosas como el recurso a la inteligencia artificial para la contratación pública", que refuerza "el castigo no solo a los cargos públicos, sino también a los corruptores" y también a la Fiscalía y al Poder Judicial para investigar y juzgar casos de corrupción.

EMPRESAS CON PROHIBICIÓN DE CONTRATAR
La futura Ley de Integridad Pública contempla también la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública y la de un registro de empresas con prohibiciones de contratar, y eleva la inhabilitación hasta 20 años para empresas condenadas por corrupción.

En el ámbito de los partidos políticos se endurece el control financiero, exigiendo auditorías externas y reduciendo el umbral de publicación de donaciones. La norma recoge también medidas penales como el aumento de los plazos de prescripción de delitos de corrupción de cinco a siete años y el refuerzo de la recuperación de activos.

El también titular de Justicia ha destacado, asimismo, que "pronto estará en el Boletín Oficial del Estado" la mayor convocatoria de la historia de jueces y fiscales en nuestro país: 500 de jueces y magistrados y 200 de fiscales.

AVANCES DEL PLAN DE ACCIÓN POR LA DEMOCRACIA
Bolaños también ha sacado pecho de las medidas adoptadas hasta ahora en esta materia. Así, ha recordado que en septiembre de 2024, se aprobó el Plan de Acción por la Democracia, que contenía 31 medidas de las que 26 ya están en trámite de cumplimiento. "Es decir, el 84%, y muchas de ellas, las que faltan, acabarán de concretarse en las próximas semanas", ha dicho.

En este contexto, ha detallado que la Autoridad Independiente de Protección del Informante, ha recibido 416 denuncias desde que se creó, tiene 45 procedimientos abiertos en trámite, ha acordado la protección a 25 personas y tiene cinco expedientes sancionadores en marcha. Se trata, según el ministro, de "unas cifras bien importantes de un órgano que acaba de empezar a andar".

Asimismo, ha mencionado la reforma de la legislación relativa a la libertad de expresión con la Ley Orgánica del Derecho a la Rectificación, que está en tramitación parlamentaria, así como que se han creado dos nuevas Fiscalías de Sala especializadas "para combatir la corrupción, una dedicada a delitos contra la administración pública y otra para delitos económicos".