Covite denuncia la concesión de terceros grados "fraudulentos" a los presos de ETA 'Gadafi' y Gogeaskoetxea

Censura que el Gobierno Vasco "insista en beneficiar" a 'Gadafi' cuando su tercer grado concedido en octubre fue revocado

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha denunciado la concesión de terceros grados "fraudulentos" a los presos de ETA Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias 'Gadafi', y Eneko Gogeaskoetxea por parte del Gobierno Vasco, y ha considerado que ambas decisiones constituyen "una nueva muestra de la amnistía encubierta" que el Ejecutivo autonómico vasco viene aplicando a los reclusos de la organización terrorista.

Para Covite, estos terceros grados "vuelven a confirmar que el Gobierno Vasco está facilitando regímenes de semilibertad a condenados por delitos gravísimos de terrorismo sin exigirles un arrepentimiento real, público, verificable y acompañado de hechos objetivos".

"No estamos ante una política de reinserción, sino ante una política de vaciamiento progresivo de las cárceles de presos de ETA, exactamente en la dirección exigida por la izquierda abertzale en este final negociado que vivimos desde el año 2011: sin un arrepentimiento sincero ni una desvinculación del entorno social y político que todavía hoy legitima a ETA", ha denunciado la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez.

A su juicio, el caso de Juan Carlos Iglesias, 'Gadafi', "resulta especialmente grave". Así, el colectivo ha recordado que al miembro de ETA, "condenado por numerosos crímenes y responsable, entre otros, del asesinato del niño de dos años Fabio Moreno", ya se le concedió un tercer grado en octubre de 2025. Aquella decisión fue recurrida por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y posteriormente revocada por el juez de Vigilancia Penitenciaria.

"FORZAR LA LEGALIDAD"
"Que el Gobierno Vasco vuelva a beneficiar con un tercer grado a 'Gadafi' después de que un juez ya corrigiera una concesión anterior demuestra que no estamos ante errores aislados, sino ante una política deliberada que sigue las instrucciones de Sortu", ha remarcado Ordóñez, al tiempo que ha criticado que el Ejecutivo autonómico "insiste en forzar la legalidad para conceder semilibertades a presos de ETA a pesar de que los tribunales ya le hayan advertido de que no debería hacerlo así".

Asimismo, Covite ha vuelto a denunciar que el Ejecutivo de PNV y PSE "sustente el requisito legal del arrepentimiento en cartas privadas que no van acompañadas de signos públicos y objetivos de desvinculación del entramado político y social que sostuvo a ETA durante décadas y todavía hoy justifica sus crímenes".

En este sentido, ha subrayado que los recientes autos del juez de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro, que han dejado sin efecto los artículos 100.2 concedidos a Soledad Iparraguirre, 'Anboto', y Juan Ramón Carasatorre, "han confirmado el carácter puramente instrumental de estas cartas".

"Dichas resoluciones judiciales han puesto de manifiesto que, en algunos casos, los escritos de supuesto arrepentimiento se redactan inmediatamente antes de la concesión del beneficio penitenciario, incluso apenas un día antes, lo que evidencia que no responden a un arrepentimiento sincero, sino a una estrategia para acceder a regímenes de semilibertad y cumplir con la apariencia de legalidad de todo este proceso", ha afirmado.

De este modo, Consuelo Ordóñez ha reiterado que "las víctimas no tenemos por qué creernos cartas privadas redactadas justo antes de obtener un beneficio penitenciario. No se nos puede pedir un acto de fe. Si esas cartas fueran sinceras, serían públicas y vendrían acompañadas de una ruptura inequívoca con la izquierda abertzale por parte del preso en cuestión".

Covite ha recordado que "la propia Audiencia Nacional ya dejó claro en 2023, al revocar el tercer grado del preso de ETA Xabier Atristain, que las manifestaciones genéricas de rechazo de la violencia o reconocimiento del daño no son suficientes si no van acompañadas de signos inequívocos de desvinculación".

CORREGIDO POR EL JUZGADO
También ha denunciado que estas dos nuevas concesiones de terceros grados "fraudulentos" se producen en un contexto en el que el Gobierno Vasco "ha sido corregido recientemente por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria en relación con los 100.2 concedidos a 'Anboto' y Carasatorre".

"En los autos, el juez José Luis Castro recordó que las medidas excepcionales como el artículo 100.2 no pueden utilizarse como atajos para conceder regímenes de semilibertad y que requieren una justificación individualizada, una motivación reforzada y, sobre todo, la existencia de un programa específico de tratamiento que no pueda ejecutarse dentro de prisión", ha apuntado.

Para Covite, "esa misma lógica" debe aplicarse a los terceros grados concedidos ahora a Gogeaskoetxea y a Iglesias Chouzas. "El Gobierno Vasco está convirtiendo la excepcionalidad en norma y el cumplimiento del requisito del arrepentimiento en una trampa. Se cumple la ley en la forma, pero se traiciona por completo su espíritu. Por eso hablamos de terceros grados fraudulentos", ha denunciado Ordóñez.

Finalmente, Covite ha reclamado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que recurra ambos terceros grados y "ejerza con firmeza su función de defensa del derecho de las víctimas a la justicia en la fase de ejecución de las condenas" y ha recordado que las víctimas no pueden personarse en esta fase, por lo que la Fiscalía "es la única institución con capacidad efectiva para impugnar estas decisiones".

"Cuando la Fiscalía recurre, como ya ocurrió con el tercer grado anterior de 'Gadafi', el juez de Vigilancia Penitenciaria puede corregir estas decisiones. Por eso exigimos que actúe también ahora. Si la Fiscalía mira hacia otro lado, se continuará consolidando una amnistía encubierta que supone una burla a las víctimas y un mensaje devastador de impunidad", ha concluido.