Torres reivindica el avance en derechos y afea al PP su voto "lamentable" en contra al decreto de vivienda

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido este viernes "seguir avanzando en derechos" y enfrentarse "con la palabra" a quienes tratan de que se retroceda.

En ese sentido, ha afeado al PP su voto "lamentable" en contra del decreto de vivienda en el Congreso para que haya un "mayor acceso" a la vivienda y "no se encarezca ese derecho constitucional", subrayando que "votaron en contra y no aplaudieron, porque no se puede unir lo que es un peso de conciencia con algo que va en contra de la mayoría social".

Torres, que ha comparecido ante los periodistas con motivo de su asistencia a la manifestación del 'Día Internacional del Trabajo', ha comentado que la sociedad vive un "momento relevante" porque hay gobiernos "de otros colores políticos", en referencia a los de PP y Vox en Extremadura, que han acordado retirar subvenciones a los sindicatos.

"Nosotros todo lo contrario, los sindicatos y todas las organizaciones que defiendan a los y a las trabajadoras merecen y se debe exigir con contundencia el apoyo desde lo público", ha señalado, recordando como el Gobierno ha llevado ante el Constitucional a Baleares por la modificación de la ley de memoria histórica.

Ha comentado que las instituciones tienen que "reconocer a la mayoría social, la que se levanta todos los días para sacar adelante a sus familias, para dar oportunidad a sus hijos, para poder llevar una retribución a su casa y para tener acceso a todo aquello que está en la Constitución".

En ese sentido se opone a las "posturas partidarias, tristes" que están "en contra del interés general" y en tratar de recortar los avances logrados en España en los últimos 40 años --en referencia a PP y Vox--.

Así, ha apuntado que al no apoyar el decreto de vivienda "están yendo contra miles y miles de familias" que "estaban esperanzadas" para poder tener acceso a una vivienda, la "principal preocupación" que tienen los españoles.

En el caso concreto de Canarias ha reprochado al Ejecutivo regional la "callada por respuesta" ante la solicitud del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de declarar la capital como 'zona tensionada'.