martes, 26 de mayo de 2026 15:38

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La UE simplifica el registro electoral de expatriados europeos y refuerza su derecho a votar en municipales

Los Veintisiete han adoptado este martes una nueva directiva para reforzar el derecho de los ciudadanos europeos residentes en otro Estado miembro a votar y presentarse como candidatos en elecciones municipales, con medidas para simplificar el registro electoral y mejorar el acceso a la información sobre sus derechos políticos.
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Archivo - Imagen de archivo de una persona votando en un colegio electoral.

Los Veintisiete han adoptado este martes una nueva directiva para reforzar el derecho de los ciudadanos europeos residentes en otro Estado miembro a votar y presentarse como candidatos en elecciones municipales, con medidas para simplificar el registro electoral y mejorar el acceso a la información sobre sus derechos políticos.

La nueva normativa busca eliminar trabas que todavía afrontan los denominados ciudadanos europeos "móviles", entre ellas dificultades para acceder a información clara sobre cómo votar, procesos de inscripción complejos o el riesgo de ser eliminados automáticamente del censo electoral de su país de origen al registrarse en el extranjero.

Entre las principales novedades, la directiva obliga a los Estados miembro a proporcionar información "proactiva" sobre los derechos electorales y las condiciones de inscripción, incluidas traducciones informativas en lenguas ampliamente comprendidas dentro de la UE.

Además, introduce requisitos de registro simplificados para hacer los procedimientos "más accesibles y uniformes" entre países y establece salvaguardas para evitar que los ciudadanos sean dados de baja automáticamente del censo de su país de origen cuando se registren para votar en otro Estado miembro.

El objetivo de la revisión es actualizar normas consideradas obsoletas de la legislación anterior, que databa de 1994, y adaptarlas a la realidad actual de la movilidad dentro de la Unión Europea.

El texto será publicado ahora en el Diario Oficial de la UE y entrará en vigor 20 días después. A partir de ese momento, los Estados miembro dispondrán de dos años para incorporar la mayor parte de las disposiciones a sus legislaciones nacionales.

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