Los grupos del Congreso coinciden en la necesidad de repensar la cita previa obligatoria para gestiones administrativas
PP, Vox y Junts quieren acabar con ella, el PSOE dice que el Gobierno está en ello y otros socios piden más personal de atención
Los grupos parlamentarios del Congreso han coincidido este martes en la necesidad de repensar el sistema obligatorio de cita previa para realizar trámites administrativos e incluso algunos han abogado directamente por suprimirlo, pues consideran que en algunos casos se ha convertido en una "barrera de acceso" y que ha generado la creación de un grave problema de reventa de citas al que hay que poner coto.
Así lo han planteado en el Pleno de la Cámara durante el debate de una proposición no de ley presentada por el PP para finiquitar la obligatoriedad de un método que nació de forma excepcional durante la pandemia del coronavirus pero se ha acabado generalizando.
El encargado de presentar la iniciativa ha sido el 'popular' Ángel Ibáñez, quien ha criticado la "saturación" en distintos servicios públicos. "La administración existe para dar servicio a los administrados y si no pueden ser atendidos porque una web no funciona, porque no hay citas disponibles o porque el sistema les obliga a esperar semanas, el problema ya no es sólo administrativo, es un problema de calado democrático", ha avisado.
En concreto, el texto del PP demanda la eliminación de la obligatoriedad de la cita previa como requisito exclusivo para la atención presencial en las oficinas de la Administración General del Estado, insta a garantizar la atención presencial directa a cualquiera ciudadano que la solicite, con o sin cita previa y a adoptar las medidas organizativas necesarias para compatibilizar la atención presencial, la telemática y la cita previa voluntaria.
YA SE ESTÁN DANDO PASOS
Emilio del Valle, de Vox, ha presentado una enmienda para que este asunto quede "blindado definitivamente" en todas las administraciones en general, algo que también han reclamado otros intervinientes como el diputado José Losada Fernández, quien ha recriminado al PP que la mantenga allí donde gobierna.
"El Gobierno ya está en ello", ha garantizado Losada recordando que se ha ampliado el horario de atención al público sin cita previa para registro de documentación en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, se han implantado citas presenciales para dar servicio en el mismo día en el Ministerio de Inclusión, así como la atención sin cita previa a mayores de 65 años o con discapacidad motora implantada por el Ministerio del Interior.
"La cita previa es un desastre", ha sentenciado el diputado de Junts Josep Pagès, quien ha recordado que su obligatoriedad ya ha sido eliminada en Cataluña y ha defendido la creación de una Oficina de Defensa Digital para evitar que las personas "queden abandonadas detrás de una pantalla" y sean atendidas "sin mediaciones ni dilaciones innecesarias".
Martina Velarde, de Podemos, y Engracia Rivera, de Sumar, han coincidido en denunciar el desmantelamiento de los servicios públicos por parte de los 'populares' en comunidades como Andalucía. Según Velarde, el problema allí no es "previa o no previa", sino que directamente "no hay citas".
REVENTA DE CITAS
Desde Podemos, ERC, Bildu y PNV ha aprovechado para quejarse de que desde hace varias legislaturas los sistemas saturados de cita previa han acabado generando auténticas mafias de reventa de citas, especialmente en extranjería.
Los más que más han defendido la cita previa han sido Bildu, ERC y Sumar, si bien han admitido la necesidad de articular sistemas "alternativos" para garantizar el derecho de acceso a la administración y han pedido inversiones para que ejercerlo no se convierta en una "gincana", como ha reclamado el diputado de la coalición abertzale Jon Iñarritu.
"No puede sustituir derechos por pantallas", ha avisado Teresa Jordà, de ERC, para quien, no obstante, el problema actual es la falta de personal, por lo que aboga por ampliar las plantillas y mejorar los mecanismos de gestión. En la misma línea se ha expresado Engracia Rivera, de Sumar, advirtiendo de que finiquitar las citas previas provocaría "colas interminables", aunque se ha mostrado abierta a establecer las excepciones necesarias y a trabajar en sistemas alternativos.

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