jueves, 2 de febrero de 2023 22:16
Sociedad

El 13% de los interinos de Catalunya se queda sin trabajo

Según los datos más recientes (julio de 2022) en España hay más de 600.000 interinos en distintos puestos de la administración pública. 

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Foto: Europa Press

 

La cantidad de estos en los distintos sectores varía (en sanidad pública, por ejemplo, es cerca de la mitad de la plantilla), pero en comparación con otros estados de la Unión Europea, son mucho mayores.

 

Recientemente un 13% de personal interino que trabaja en distintos puestos en Catalunya ha visto como sus puestos pasan a estar ocupados por otras personas que han obtenido plaza en alguno de los concursos de méritos que se han hecho.

 

A mediados de diciembre de 2022 se publicaron las resoluciones de nombramientos de las 9.459 personas que superaron el concurso, a las que se deben añadir 925 que han aprobado otro proceso selectivo antes de finalizar el concurso.

 

El 87% de los puestos convocados en el concurso de méritos han sido adjudicados a la persona que lo ocupa en la actualidad, con el siguiente resultado: 6.717 personas se convierten en personal funcionario y 2.742 en personal laboral, mientras que el 13% mencionado anteriormente es la candidad de trabajadores que pierden el cargo que ostentaban.

 

LA INTERINIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CHOCA CON LA NORMATIVA EUROPEA

 

Este nivel tan elevado de interinidad en las administraciones públicas choca con las actuales normativas continentales. De hecho, según el abogado Josep Jover, en España la transposición del ordenamento jurídico europeo sobre la regulación y las condiciones de los interinos obliga a modificar varias leyes orgánicas, cosa que obliga a que la tramitación sea como una Ley Orgánica, cosa que está ocurriendo, puesto que se está haciendo como una Ley Ordinaria.

 

 Jover considera que "el redactado del Anteproyecto de Ley, es parcial y proteccionista por parte de los poderes establecidos". El abogado apunta que "no únicamente infringe la Directiva al obligar que los canales de denuncias sean decididos por quien manda en cada institución, sino que la futura autoridad española, dependerá del Ministerio de Justicia, es decir, los canales de denuncia, en España, no serán, por ley, ni externos, ni independientes, ni autónomos".

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